El titular de la Policía Morelia niega fabricar faltas para cesar oficiales, en medio de denuncias de despidos injustificados.
Ante las denuncias de fabricación de faltas administrativas en contra de elementos de la Policía Municipal de Morelia, el titular de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Alarcón, negó que en la corporación se simulen motivos para cesar oficiales, como señaló en días pasados Oscar Lemus de la Torre, abogado de un grupo de policías despedidos en los últimos años.
“Eso sí, no se fabrica absolutamente nada”, declaró en entrevista con Contramuro. “El policía sabe que si es íntegro 99 de cada 100 veces, por esa excepción va a ser juzgado y separado de su cargo. Entonces no hay cabida para irregularidades”.
Como oportunamente informó Contramuro, en el oficio CMSC-DA109-2025 de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, se detalla que durante la administración 2018-2021 se ejecutó un proceso de depuración interna que derivó en la separación de 129 elementos por contravenir los principios de la institución y traicionar la confianza ciudadana.
A raíz de ello, 36 exfuncionarios interpusieron demandas laborales. Este documento oficial señala que el hecho derivó en decenas de demandas laborales, muchas de ellas con resoluciones favorables a los exoficiales y con impacto económico de más de 9 millones de pesos para la administración municipal.
Los elementos denunciaron haber sido despedidos sin pruebas, sin derecho a réplica y con procedimientos viciados, además, sin pagos, pese a que varios expolicías ya ganaron sus juicios ante el Tribunal en Materia de Anticorrupción y Administrativa del Estado.
A través de su abogado, Oscar Lemus de la Torre, reclaman justicia y respeto a su dignidad, luego de haber sido señalados públicamente como responsables de actos graves sin una resolución firme que lo acredite, aunque la autoridad hizo públicos.
Revisión de los casos
A pregunta expresa sobre el asunto, Juan Pablo Alarcón señaló que como presidente de la Comisión de Honor y Justicia ha revisado casos en los que sí se acreditaron faltas en el desempeño del servicio policial.
“Lo que he observado es que en la gran mayoría se configuraron irregularidades en el desempeño del servicio del policía”, sostuvo.
Añadió que actualmente no hay procedimientos activos de baja, pero sí expedientes en análisis, y que la Comisión no sólo evalúa ceses, sino también estímulos, ascensos y promociones.
“No nada más es un tema coercitivo, es un tema de desarrollo policial muy importante”.
El funcionario reconoció que los procedimientos deben apegarse estrictamente a derecho, por lo que se realiza un análisis técnico de cada expediente.
“Estamos estudiando qué ocurre en torno a cada uno, y con este análisis tomar decisiones”, dijo.
Vacíos legales
Sobre la posibilidad de que existan vacíos legales que estén siendo aprovechados para obtener beneficios económicos mediante laudos, Alarcón respondió con mesura.
“Yo quisiera pensar que no existe una situación así. Es un tema ya digno de análisis jurídico; pudiera haber alguna laguna legal que le está abriendo la puerta a abogados para venir y hacer negocio con este tipo de ceses”.
La postura institucional contrasta con la versión ofrecida por la defensa legal de varios exagentes, quienes aseguran que las sentencias han declarado nulos los procedimientos de baja por violaciones al debido proceso, falta de pruebas y ausencia de notificación legal.
Las denuncias incluyen ceses arbitrarios, sin derecho a defensa, y acusaciones públicas sin resoluciones firmes, y violaciones al debido proceso, como la falta de representación en la Comisión de Honor y Justicia.
En medio de esta controversia, el nuevo titular de la seguridad municipal insiste en que su papel es fortalecer la legalidad de la corporación.
“Parte de mi tarea como encargado es revisar que esos procedimientos se lleven a cabo de la mejor manera, para ser justos, íntegros, impecables en cuanto al servicio que ofrece la Policía de Morelia”.
El tema se mantiene abierto, con sentencias aún en proceso de cumplimiento y un debate vigente sobre los límites y obligaciones institucionales frente a los derechos de quienes integran o integraron las filas policiales en la capital michoacana.