Tras un mes de su detención por presuntos nexos delictivos y bloqueos, el mando policial de Ecuandureo y 10 elementos dejan la prisión bajo medidas cautelares
Zamora, Michoacán.— El sistema de justicia penal en Michoacán dio un giro en el caso de la policía municipal de Ecuandureo. Este lunes, el juez de control otorgó la suspensión condicional del proceso a los 11 elementos municipales, incluyendo al director de Seguridad Pública, Jorge Andrés Valencia Sánchez, quienes permanecían bajo custodia desde finales de febrero.
La determinación judicial permite que los uniformados abandonen el centro de reclusión para enfrentar el resto del expediente en libertad. El beneficio llegó tras la revisión de los datos de prueba y la propuesta de la defensa, estableciendo una serie de condiciones que los señalados deberán cumplir durante los próximos seis meses.
La libertad de los oficiales no es absoluta. La autoridad judicial fijó como medida la presentación periódica semanal ante el juzgado. Durante este periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación para determinar la responsabilidad de los agentes en los hechos imputados.
Si alguno de los beneficiados incumple con la firma o se ve involucrado en otro hecho relevante, la suspensión se revoca y el ingreso a prisión preventiva sería inmediato.
Los antecedentes
La captura de los 11 policías municipal de Ecuandureo ocurrió en un contexto de alta tensión en la región Bajío del estado.
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) desarmó y detuvo a los agentes municipales bajo señalamientos de participación activa en bloqueos carreteros y quema de vehículos. Estos incidentes ocurrieron como reacción al abatimiento de “El Mencho”, un objetivo prioritario de la delincuencia organizada.
Los reportes de la detención inicial consignaron hallazgos que hoy forman parte del debate jurídico:
- Uso de pasamontañas para ocultar el rostro durante funciones oficiales.
- Falta de identificaciones vigentes que los acreditaran como fuerza pública.
- Posesión de sustancias prohibidas en las patrullas.
- Dispositivos móviles con instrucciones directas para frenar el paso de fuerzas federales y estatales al municipio.
El proceso entra ahora en una etapa de observación. Mientras la defensa apuesta por el cierre del caso mediante esta salida alterna, la sociedad civil y las instituciones de seguridad estatal observan el precedente que sienta la liberación de una cúpula policial señalada por servir de barrera operativa a intereses externos a la ley.