Jaime Mejía presenta denuncia de juicio político contra Rogelio Zarazúa por violar un mandato judicial en Morelia.
Morelia, Michoacán.- Jaime Mejía Garduño, apoderado jurídico de una empresa dedicada a la explotación de espacios publicitarios en puentes peatonales de Morelia, presentó este miércoles una denuncia de juicio político en contra de Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del gobierno del estado, por violentar un mandato judicial.
En entrevista Jaime Mejía explicó que el caso se origina en un amparo promovido por la Constructora de Imagen Exterior, debido a que la SCOP realizó presuntas acciones arbitrarias para afectar la posesión y aprovechamiento de espacios publicitarios en puentes peatonales, sobre los que tenía permiso municipal de uso dicha firma.
De acuerdo con lo expuesto por el abogado, la empresa contaba con derechos derivados de una concesión otorgada por el Ayuntamiento de Morelia para la explotación publicitaria de puentes peatonales. A su vez, dichos espacios habían sido arrendados a terceros, quienes resultaron afectados por las acciones emprendidas por la autoridad estatal, por lo que una de las personas que tenía contratados los espacios decidió promover el juicio de amparo para evitar ser despojada de ellos.
Mejía Garduño relató que una jueza federal concedió inicialmente una suspensión provisional y posteriormente una suspensión definitiva, al considerar que existían elementos suficientes para proteger la posesión de los espacios mientras se resolvía el fondo del asunto. Según explicó, la autoridad judicial ordenó que las cosas permanecieran en el estado en que se encontraban y prohibió a la SCOP realizar actos que afectaran a los arrendatarios y concesionarios involucrados.
Sin embargo, la SCOP habría desacatado la determinación judicial y procedió al retiro de estructuras publicitarias y anuncios instalados en los puentes peatonales, por lo que se promovió un incidente por incumplimiento de la suspensión y la propia jueza concluyó que la SCOP había violado la medida cautelar, por lo que ordenó restituir las cosas al estado que guardaban antes de la intervención gubernamental.
El abogado argumentó que el retiro de las estructuras se realizó sin que existiera un procedimiento administrativo o judicial que invalidara la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Morelia. En su opinión, si la SCOP consideraba que tenía facultades sobre el tema, debió iniciar los procedimientos legales correspondientes para cuestionar la validez de la concesión y no actuar de manera unilateral, por ello, consideró que las acciones emprendidas constituyen una violación al Estado de derecho y al principio de división de poderes.
Como parte de sus señalamientos, Mejía Garduño aseguró que sostuvo reuniones con el titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa, quien presuntamente le solicitó desistirse del juicio de amparo. Según su relato, durante esos encuentros recibió amenazas relacionadas con posibles afectaciones patrimoniales en caso de continuar con las acciones legales. El abogado manifestó públicamente que responsabiliza al funcionario por cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de su familia.
También sugirió la existencia de un trasfondo político detrás del conflicto. Consideró que la intención de retirar las estructuras publicitarias podría estar relacionada con intereses de grupos políticos vinculados al gobierno estatal y con el control de espacios de difusión. No obstante, insistió en que el objetivo de la empresa no es involucrarse en disputas partidistas, sino únicamente defender los derechos que considera legalmente adquiridos.
Finalmente, señaló que el retiro de 27 estructuras publicitarias en 11 puentes peatonales provocó pérdidas económicas importantes y afectó la actividad de decenas de personas que dependen directa o indirectamente de ese negocio. Aunque reconoció el daño patrimonial ocasionado, sostuvo que la principal exigencia de los afectados no es una indemnización económica, sino que se les permita continuar trabajando y que las autoridades respeten las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación.