La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió temporalmente los derechos como militante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de otros seis priistas veracruzanos, tres de ellos implicados con el caso de las empresas fantasma que investiga la PGR y el SAT, por peculado y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el artículo 225 de los estatutos del PRI, la suspensión de derechos procede cuando el militante es está “sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos” y durará “en tanto se dicte la sentencia definitiva al inculpado”.
Este lunes, integrantes de la Comisión Nacional de Justicia del PRI informaron que, además de Javier Duarte, los priistas veracruzanos que tendrán sus derechos suspendidos son: Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.
Los implicados en las empresas
Animal Político reveló que el gobierno de Veracruz entregó 645 millones de pesos a través de adjudicaciones directas y licitaciones cerradas a empresas cuyo domicilio fiscal es falso y los “dueños” son promotores del PRI que habían proporcionado sus datos y firmas sin ser notificados de las operaciones; por lo cual se presumía la malversación de 645 millones de pesos.
En esas operaciones participaron funcionarios del gobierno de Javier Duarte, entre 2012 y 2013, que ocuparon cargos de dirección en secretarías y firmaron los contratos para la adquisición de productos que nunca fueron entregados.
Tras la revelación periodística y luego que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconocieran públicamente que estaban investigando el caso, militantes del PRI interpusieron una denuncia ante órgano internos para iniciar un proceso de suspensión de derechos de Duarte y su equipo.
Debido a la “afectación de la imagen del PRI”, la Comisión de justicia continuará con el procedimiento en contra de Duarte y los otros seis militantes que podría derivar en dos consecuencias jurídicas: “pérdida de la militancia o expulsión del Partido Revolucionario Institucional”, dijo Arturo Zamora, integrante de la Comisión.
Entre los señalados están implicados en las empresas fantasma que recibieron recursos públicos. Se trata de:
Daniel Cordero Gálvez, fue el notario que dio fe de la constitución de tres empresas: Publicidad Akkira, el 16 de mayo de 2012; Marvercarr, el 30 de julio de 2012; y Bloques 2DM, el 31 de mayo de 2013.
Los domicilios de esas compañías corresponden a terrenos baldíos o casas semi abandonadas.En el sexenio de Fidel Herrera fue designado como notario adscrito a la notaría número 29 y en el gobierno de Javier Duarte fue ratificado como titular de la notaría número 16.
El notario Israel Ramos Mange avaló la constitución de la compañía Rinoxa, el 8 de diciembre de 2011. En su último año de gobierno Fidel Herrera colocó a Ramos Mange como titular de la notaría 59. Actualmente, forma parte también del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Veracruz.
Ramos Mange es hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, el órgano ante el que precisamente se inscriben las actas constitutivas de las empresas. En 2013 Iván Ramos Mange, otro hijo de Raúl Ramos Vicarte, recibió su patente como aspirante a notario de parte del gobernador Javier Duarte.
Juan Carlos Rodríguez García, exdirector jurídico de Sedesol de Veracruz, su firma aparece en todos los contratos que la dependencia dio a empresas fantasma mediante adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.
La fortuna de Bermúdez
Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de seguridad pública de Veracruz, fue otro de los priistas a quien le suspendieron los derechos como militante.
Se trata de un personaje muy cercano a Javier Duarte, quien el pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito.
Lo anterior luego de que el diario Reforma publicara que Bermúdez posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, además de que es socio o propietario de 24 empresas.
El extesorero de Duarte
El exsecretario de Finanzas del Veracruz, José Antonio Chara Mansur Beltrán, es otro de los veracruzanos suspendidos del PRI.
Chara Mansur renunció a su cargo el pasado 29 de agosto, luego que el diarioReforma diera a conocer que poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones de dólares en Texas.
Exsecretario de Trabajo
Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, fue el sexto priista suspendido por el Consejo del PRI.
Se trata de un priista que se ha amparado penalmente para evitar ser detenido, ante las acusaciones que pesan en su contra por enriquecimiento ilícito.
Durante las pasadas elecciones en Veracruz, Deantes Ramos se vio involucrado en un audio en el que explica un plan para dejar un fondo millonario al próximo gobernador, siempre y cuando el candidato del PRI ganara las elecciones.
¿Qué derechos pierden?
El artículo 58 de los estatutos del PRI explica que los militantes tienen diversos derechos. En este caso, al ser suspendidos, Duarte y los otros seis veracruzanos no podrán realizar las siguientes actividades:
Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo político, en base al registro de las tareas partidarias
– Acceder a puestos de elección popular
– Acceder a puestos de dirigencia del Partido
– Impugnar por los medios legales y estatutarios, los acuerdos, disposiciones y decisiones legales y estatutarias
– Votar y participar en procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, de acuerdo al ámbito que les corresponda
-Recibir capacitación política y formación ideológica
-Presentar iniciativas, proyectos, programas y propuestas sobre los fines y actividades del Partido y participar en las deliberaciones de los órganos encargados de resolverlos
– Interponer ante el órgano competente, como complemento al derecho de audiencia, los recursos contra las sanciones que les sean impuestas
– Solicitar a las Comisiones de Justicia Partidaria investigar las presuntas violaciones a los Documentos Básicos
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