En la madrugada, durante una sesión extraordinaria, fue aprobada la Ley de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como “Ley 3 de 3”, que a grandes rasgos busca implementar nuevas reglas de conducta para la relación entre los servidores públicos y los actores privados (por aquello del conflicto de intereses). El objetivo final es la implementación de una Ley general de responsabilidades administrativas, que aplique en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.
Básicamente esta ley tendría como punto principal la obligatoriedad de que todo funcionario presente de forma pública y periódica declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
Y es que la Ley 3 de 3 fue aprobada pero en una versión “más ligera” pues jueces, funcionarios, dirigentes sindicales, legisladores, ministros y otro tipo de servidores públicos no tendrán la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Dicho en otras palabras, esta ley realmente no serviría para lo que fue hecha, pues quien tenga algo turbio que ocultar obviamente no lo hará público voluntariamente.
El que esta ley haya sido aprobada con cláusulas de lo más permisivas y que poco contribuirán a luchar contra la corrupción en gran parte gracias a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes propusieron que servidores públicos de los tres niveles de gobierno no tengan la obligación de hacer una declaración patrimonial de manera abierta.
Este candado quedó estipulado en el artículo 29 de dicha ley, y aunque el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) unieron fuerzas para intentar modificarlo, al final la votación no les favoreció.
Así fueron los sufragios:
En contra de la modificación del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa: 59 votos, de los cuales 1 provino de un senador independiente, 52 del PRI y 6 del PVEM
A favor de la modificación: 50 votos, de los cuales 34 vinieron del PAN y 16 del PRD.
No votaron 17 senadores (4 del PAN, 3 del PRD, 3 del PRI, 6 del PT y 1 del PVEM).
1 senador del PT se abstuvo
Debido a este candado impuesto por el PRI y el PVEM, los funcionarios NO tienen la obligación de difundir:
- Ingresos
- Propiedades
- Vehículos
- Cuentas bancarias
En cuanto a la declaración fiscal, los funcionarios solamente deben subirla a la llamada Plataforma Digital Nacional, por lo tanto, su única obligación es acreditar ante el fisco que cumplieron con el trámite.
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