La prohibición de deuda de largo plazo busca proteger el futuro económico de Michoacán y evitar comprometer presupuestos de administraciones futuras.
Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, defendió la iniciativa para la prohibición de contratación de deuda pública a largo plazo en el estado, al advertir que durante décadas el desarrollo de la entidad ha estado comprometido por créditos que rebasan los periodos de gobierno y condicionan los presupuestos futuros.
El mandatario subrayó que el endeudamiento heredado ha limitado la capacidad de crecimiento del estado.
“Durante dos, tres décadas hemos tenido gran parte del desarrollo del Estado hipotecado, dado a las deudas de largo plazo”, señaló al referirse a las consecuencias de las decisiones financieras de administraciones anteriores.
Precisó que la propuesta fue presentada el pasado 18 de diciembre y actualmente se encuentra en proceso legislativo, con una recepción favorable en el Congreso local.
“Esta iniciativa se presentó el 18 de diciembre, está en trámite legislativo, ha sido muy bien recibida por las diputadas y diputados locales”, afirmó.
El gobernador explicó que el eje central de la reforma es impedir que cualquier administración comprometa recursos más allá de su periodo constitucional.
“Se prohíbe en Michoacán la contratación de deuda de largo plazo cuyo pago exceda el periodo de vigencia de tiempo de la administración gubernamental en turno”, dijo, al remarcar que la intención es que “no se dé la deuda de largo plazo”.
Detalló que la iniciativa también incluye candados más estrictos de disciplina fiscal y un cambio en la lógica del financiamiento público.
“Se establecen candados de disciplina fiscal más fuertes y se prioriza la inversión con recursos propios”, expuso, al tiempo que aclaró que podrán existir esquemas de financiamiento, pero bajo reglas claras.
En ese sentido, precisó que el gobierno podrá recurrir a mecanismos como obras multianuales, pero con límites definidos.
“Sí podrá lograr algún financiamiento, pero este no podrá ser de largo plazo, no podrá destinarse a cuestiones que no sean obra y no puede rebasar el plazo gubernamental del gobierno que esté solicitando dicha financiación”, detalló.
“El objetivo es romper el ciclo histórico del endeudamiento excesivo y proteger presupuestos futuros, pero sobre todo no hipotecar el destino, el futuro de generaciones por venir”, señaló, al adelantar que la reforma será debatida y votada en febrero próximo