El PAN busca crear una comisión para investigar el asesinato de Carlos Manzo y amenazas a funcionarios, reforzando la seguridad estatal.
Los diputados del PAN han propuesto la creación de una comisión en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las amenazas y agresiones sufridas por funcionarios públicos, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre.
Esta comisión no solo se enfocará en el caso de Manzo, sino que también trabajará en la prevención, investigación y seguimiento de amenazas a funcionarios locales que operan en contextos de riesgo o bajo la presión del crimen organizado.
Según los legisladores panistas, la conformación de este grupo de trabajo demostraría el compromiso del Estado con la seguridad de sus funcionarios y fortalecería la rendición de cuentas, combatiendo la impunidad.
Protocolos de protección para funcionarios
El PAN también busca impulsar la creación de protocolos de protección para funcionarios en zonas de alto riesgo y mecanismos de alerta temprana para prevenir nuevas agresiones. Además, esta comisión se encargará de identificar patrones y causas estructurales que favorecen la repetición de estos ataques.
La comisión elaborará recomendaciones legislativas, administrativas y presupuestales para mejorar la protección de los servidores públicos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en seguridad y derechos humanos.
“Se busca enviar desde el Congreso, un mensaje claro, de que los ataques contra quienes representan al Estado y trabajan para la sociedad, no serán tolerados más”, indicaron.
Para asegurar el seguimiento de las acciones de las autoridades en la atención y esclarecimiento de asesinatos o amenazas, se solicitarán informes y comparecencias, además de formular recomendaciones para mejorar la prevención y atención a las víctimas.
Finalmente, los diputados del PAN buscan modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para lograr estos objetivos.
Cabe destacar que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras organizaciones, se estima que entre 2018 y 2025 habrá aproximadamente 658 homicidios de servidores públicos.