El legislador lamentó que la discriminación hacia el personal de salud vaya en ascenso, más aún durante la pandemia de Covid-19
Morelia, Michoacán.- Pese a la labor que realiza el personal de salud en la entidad y el país, que se destaca en la actualidad debido a la pandemia de Covid-19, la discriminación hacia ellos va en aumento.
“Son quienes cuidan y velan por la salud de las personas”, expuso el diputado perredista, Norberto Antonio Martínez Soto, quien este lunes propuso ante el pleno legislativo que se eleve a rango constitucional la no discriminación en Michoacán.
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“Es inconcebible que los trabajadores del sector salud, llámense médicos, enfermeros, químicos, laboratoristas, camilleros, odontólogos, administrativos, personal de intendencia y limpieza sanitaria, tengan que vivir día a día actos de discriminación por parte de personas ignorantes que los señalan, los agreden física, verbalmente y psicológicamente”, refirió el legislador.
En ese tenor, lamentó que este tipo de actos cause un daño “irreparable” a la dignidad de los trabajadores de salud, que insistió, durante la pandemia mundial de coronavirus han estado en la primera línea del combate a la enfermedad, con riesgos para su propia salud.
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“Son héroes y heroínas, pero no los tratan como tal. Aún cuando se ha intensificado una campaña de apoyo al personal médico”, subrayó el diputado al recordar que apenas hace unos días, el gobierno federal los señaló de “mercantilizar la salud”, declaraciones que dijo, no abonan en el entendido del ambiente de violencia que viven en algunas partes del país.
Si bien el ejemplo que expuso, refiere al tema inmediato con el personal de salud, la reforma sería para que ningún trabajador en todo el territorio michoacano sea discriminado debido al oficio, profesión o labor que desempeñe.
Con ese contexto, Tony Martínez propuso reformar el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que se garantice la no discriminación a los ciudadanos michoacanos: “que se elimine cualquier obstáculo que impida el desarrollo pleno de los ciudadanos, cualquier obstáculo que afecte a las personas por su profesión y oficio”.