¿No es una receta estilo El Bronco? Preguntamos, ayer, al senador de Morena, Alejandro Armenta, promotor de una iniciativa para castrar “químicamente” a violadores y pederastas.
“No es lo mismo que cortar las manos. No se trata de cortar (los testículos), estamos hablando de una castración química sin dolor”, puntualizó el legislador poblano, casado y con hijas.
El hombre nos dijo que organizaciones de la sociedad civil se le habían acercado para solicitar ese castigo para agresores sexuales.
Se esforzó por diferenciarse del excandidato presidencial Jaime Rodríguez, quien en plena campaña propuso “mochar las manos” a los rateros.
“No quiero que me acusen de promover violaciones a los derechos humanos”, subrayó.
El legislador pidió a sus colaboradores que nos dieran más datos sobre su receta para combatir violaciones sexuales a mujeres y niños.
Mandaron un texto que dice:
“La castración química consiste en la administración de medicamentos que reducen la líbido —dietilestilbestrol, acetato de medroxiprogesterona o hormona liberadora de hormona luteinizante.
“Se aplica con el objetivo de impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes reincidan”.
El sexólogo John Money fue el primer estadunidense en aplicar la castración química en 1966. Recetó acetato de medroxiprogesterona como tratamiento para los pacientes con impulsos pedófilos.
Hay países que aplican este castigo a los abusadores sexuales: Estados Unidos, Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia, Corea del Sur, Indonesia, Argentina y Perú. En el Reino Unido, Australia, España y Francia la castración química es voluntaria.
La efectividad de la “castración química” no ha sido del todo contundente. Muchos países han descartado incluirla en sus códigos penales.
Las organizaciones que defienden los derechos humanos han criticado duramente su aplicación.
La consideran una práctica degradante.
La BBC dice que en 2016, con ocasión de la aprobación de la castración química por parte de Indonesia, Amnistía Internacional la consideró una “crueldad” y una pena “inhumana”.
“La castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional”, señaló la organización.
Ya estuvo. El Senado aprobó ampliar el catálogo de delitos graves que se castigan con prisión preventiva oficiosa como la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Pero también el huachicoleo y el uso de programas sociales con fines electorales
Fue un compromiso asumido en campaña por AMLO. A favor votaron los morenos y sus aliados, pero también priistas y panistas. En contra el MC.
Ya encarrerados y bajo presión de grupos industriales, los senadores agregaron al catálogo de “delitos graves”, el robo a transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades.
El dictamen aprobado puntualiza que una vez que entre en vigor el decreto, los delitos en materia de corrupción correspondientes al enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones entrarán en vigor hasta el nombramiento del fiscal anticorrupción.
A los cinco años de vigencia, la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación.
Al final del dictamen viene una polémica recomendación: se debe excluir de la sociedad a aquellos que de manera sistemática transgreden las normas de convivencia.
Hubo un voto particular en contra de la reforma al Artículo 19 de la Constitución que amplía las causas de la detención preventiva oficiosa.
Fue del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exombudsman capitalino.
Lo buscamos para que abundara en las razones que lo llevaron a votar en contra. Nos dijo:
“Me parece una regresión gravísima. Lo que quieren hacer es ampliar el catálogo para tratar de obligar al cumplimiento. Pero cada que hacen esas cosas aumentan las detenciones arbitrarias, la represión y no mejora la seguridad.
“Es una fórmula que responde a una lógica de populismo político”, puntualizó.
En el voto particular que presentó a los senadores, Álvarez Icaza fue más duro con el nuevo gobierno.
“Las piezas legislativas que se han ido presentando y eventualmente aprobando en el Congreso de la Unión son, en su conjunto, un rompecabezas que va poco a poco formando un modelo de gobierno regresivo con tintes autoritarios.
“Bajo un muy falaz argumento de “la puerta giratoria” da marcha atrás al incipiente avance del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se ha venido instrumentando desde el 18 de junio del 2008…”.
¿Así o más claro?