Con el objetivo de atender a vacíos normativos detectados en procesos comiciales pasados, fueron formuladas las propuestas del TEEM para la reforma electoral.
Morelia, Michoacán.- Las propuestas formuladas por el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) para la reforma electoral que se cocina en Michoacán, atienden a vacíos normativos detectados por el organismo en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Así lo refiere la magistrada Amelí Navarro Lepe, presidenta del Tribunal quien explica que los procesos electorales dependen, de la ley, de cómo estén diseñadas las normas y las estructuras jurídicas.
“El análisis de casos concretos también depende de las instituciones, en este sentido, sí quiero aclarar que, para que un Tribunal electoral intervenga, debe recibir un caso. No actuamos de oficio ni revisamos lo que sucede en la sociedad en general, porque, al final de cuentas, el Tribunal se encarga de la resolución de casos concretos”.
En entrevista, a pregunta expresa si realmente existe manera legal de establecer un control efectivo hacia los partidos políticos y sus militantes, responde: “en materia legislativa, existe pleno respeto por la competencia del Poder Legislativo. Hay muchas cuestiones que deben regularse y, desde el Tribunal, se participa aportando la experiencia técnica y jurídica derivada de los casos precedentes. Hablo en general de todo el contexto o panorama electoral”.
En el caso de la Mesa para la Reforma Electoral del Estado que fue instalada este jueves, Amelí Navarro, señala que lo que el Tribunal busca aportar es su experiencia desde el ámbito jurisdiccional, desde la resolución de casos en procesos pasados.
“Eso es lo que podemos ofrecer, sin tener una incidencia directa en el proceso legislativo, en su caso.
“Nosotros lo que aportamos aquí responde a una de las principales inquietudes y experiencias del Tribunal: garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Nuestro interés es que las leyes cumplan con ese objetivo, particularmente en lo relativo al acceso a la justicia, que es el ámbito que nos corresponde”.
Abunda que entre las aportaciones realizadas, se detectaron vacíos normativos, por ejemplo, en la elección del Poder Judicial, en cuanto a cuándo y cómo podían impugnar la ciudadanía o las personas participantes en ese proceso.
“Ese fue uno de los puntos centrales en los que el Tribunal electoral aportó su experiencia, con el fin de que, en su caso, se realice una revisión normativa”.
Lo que se busca con ello es garantizar el acceso a la justicia de las personas que intervienen en una elección y que cuenten con la oportunidad y la certeza de poder impugnar.
“Esto forma parte esencial del derecho de acceso a la justicia y de la certeza en los procesos electorales; esa fue una de las principales sugerencias técnico-jurídicas por parte del Tribunal”.
En cuanto a si los juicios existentes abarcan plenamente la atención de las exigencias e inconformidades ciudadanas, asegura que sí, “actualmente los modelos de juicio y los procedimientos permiten dar trámite jurisdiccional a las demandas que se presentan. Incluso, en aquellos casos en los que una persona no tiene claridad sobre el medio de impugnación adecuado, es deber del Tribunal encauzar la vía correcta. Además, existe una figura denominada ‘asuntos especiales’, que se utiliza cuando hay duda sobre cuál es la vía procedente. En ese sentido, el sistema se encuentra cubierto para atender las demandas planteadas”.