Michoacán busca elevar a rango constitucional la protección ante desastres, garantizando derechos y fortaleciendo la gestión de riesgos.
El secretario general del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, promovió una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para reconocer como derecho de toda persona la protección ante situaciones de riesgo, emergencias o desastres en Michoacán. El Cabildo aprobó remitir la propuesta al Congreso del Estado, por lo que apenas inicia su trámite legislativo.
La iniciativa, avalada en el Cabildo de Morelia para pasar al Congreso de Michoacán, plantea modificar los artículos 6, 60 y 123 de la Constitución estatal para incorporar expresamente que toda persona tiene derecho a la protección frente a fenómenos de origen natural, tecnológico o humano. Con ello, la protección civil dejaría de ser únicamente una política pública administrativa para convertirse en un derecho de rango constitucional.
El proyecto establece que el Ejecutivo del Estado deberá garantizar ese derecho mediante la creación de un Sistema Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que incluya acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación, bajo principios de equidad territorial, corresponsabilidad social, enfoque comunitario y alineación a instrumentos internacionales.
Además, propone reconocer como función esencial del Estado el servicio público de protección civil y atención de emergencias, incluyendo a los cuerpos de bomberos, brigadas institucionales, voluntarias y comunitarias, con protección legal, profesionalización, financiamiento público y coordinación intermunicipal.
En la exposición de motivos se argumenta que Michoacán enfrenta riesgos crecientes asociados a sismos, inundaciones, incendios, deslaves y accidentes urbanos, en un contexto de desigualdad que agrava la vulnerabilidad social. El documento sostiene que el modelo actual ha privilegiado una visión reactiva centrada en la respuesta emergente y la gobernabilidad, dejando en segundo plano la prevención estructural.
La iniciativa también plantea que el titular del Ejecutivo estatal tenga la obligación constitucional de implementar y coordinar el Sistema Estatal de Gestión Integral de Riesgos. En el ámbito municipal, propone que los ayuntamientos formulen, actualicen y operen planes de gestión con base en su Atlas Municipal o metodologías equivalentes, así como establecer brigadas comunitarias y mecanismos de alerta temprana.
El texto retoma la definición de gestión integral de riesgos contenida en la Ley General de Protección Civil y se alinea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que promueve fortalecer la gobernanza del riesgo y reducir sustancialmente las pérdidas humanas y materiales derivadas de desastres.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, que lo declaró procedente y lo sometió al Pleno, donde fue aprobado para su envío al Congreso.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá ser analizado en comisiones legislativas, discutido y, en su caso, aprobado por mayoría calificada en el Congreso del Estado, además de contar con la validación de los ayuntamientos para su eventual entrada en vigor.