El mes de Abril de 2016, Michoacán estuvo marcado por protestas atribuidas a “Los Viagras”, contradicciones gubernamentales, que sumieron al estado dentro de una crisis de seguridad y el tejido social; evidenciando la penetración del crimen organizado y la desconfianza en las autoridades
Morelia, Michoacán.- El mes de abril de 2016 quedó marcado en la memoria de Michoacán como un episodio clave que lo sumió dentro de una crisis de seguridad, donde las manifestaciones presuntamente organizadas por “Los Viagras” —grupo criminal encabezado por los hermanos Sierra Santana— se multiplicaron a lo largo del estado, evidenciando la fragilidad institucional y social, mientras las autoridades estatales oscilaban entre promesas incumplidas y un discurso de confrontación.
El gobierno estatal mostró un doble discurso, especialmente respecto al caso del doctor Mireles, cuya solicitud de traslado apoyó en marzo para luego rechazarla en abril.
El 6 de abril, Múgica fue escenario de un bloqueo carretero protagonizado por mujeres que exigían la reactivación del proyecto Ciudad Mujer, trasladado arbitrariamente a Huetamo. Veinte manifestantes fueron detenidas tras ser acusadas de vínculos con el crimen organizado, en un intento por desacreditar la protesta. Dos días antes habían sido detenidos los hijos de la exdirectora de Desarrollo Municipal, Raúl Alejandro Ledezma Ramírez y Feliciano Ledezma Ramírez, alias “Chano Peña”, señalados como operadores locales de la célula criminal.
El 8 de abril, el gobernador Silvano Aureoles Conejo vinculó al expresidente municipal Casimiro Quezada Casillas con el grupo delictivo y aseguró que las mujeres manifestantes eran “base social” de la organización. No obstante, el 18 de ese mes el propio mandatario cedió ante la presión y prometió edificar Ciudad Mujer en Múgica.
La tensión escaló el 11 de abril Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla, Múgica, Zamora y Jacona amanecieron bloqueados, con vehículos incendiados y la detención de 15 presuntos integrantes de “Los Viagras”. Las protestas se repitieron entre el 11 y el 14 de abril en Uruapan, Apatzingán, Chilchota, La Piedad, Jiquilpan, Sahuayo, Tangamandapio, Venustiano Carranza, Parácuaro y Pajacuarán, dejando 33 detenidos, un líder criminal abatido y 22 vehículos y dos tiendas comerciales en Zamora incinerados.
En paralelo, el 13 de abril, la comunidad de Cenobio Moreno, Apatzingán, intentó evitar la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM). Tras horas de tensión, las autoridades lograron su cometido, pero el 14 el propio Aureoles reconoció que los líderes de la célula podrían haber abandonado el estado; el procurador de Justicia incluso comparó su modo de operar con una “guerrilla urbana”.
La polémica continuó el 20 de abril, cuando Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, líder de “Los Viagras”, acusó al procurador de Justicia de tener nexos con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El gobernador desestimó la denuncia, pero reveló la complejidad de un estado donde las declaraciones de criminales copan las primeras planas y generan desconfianza social.
El 15 de abril, el secretario de Gobierno advirtió que diez objetivos criminales aún operaban en Michoacán. El 19, Adrián López Solís confirmó la permanencia de células delictivas. El procurador de Justicia declaró el 26 de abril que ya no existía un cartel hegemónico, sino múltiples células criminales en disputa.
Aureoles presumió el 17 de abril haber erradicado la infiltración del crimen en los cuerpos policiacos, tras extinguirse la Fuerza Rural, pero el 15 reconoció que entre 30 y 40 municipios quedaron sin policía local, por lo que la Policía Militar y Federal asumieron el resguardo.
El 22 de abril, durante la Conferencia de Procuradores de Justicia zona Occidente, el gobernador respaldó la versión federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, afirmando que fueron los narcotraficantes los responsables, no el Estado. El doble discurso se repitió en el caso del doctor Mireles, cuya petición de traslado fue rechazada el 26 de abril, a pesar de un mensaje público del propio Mireles al gobernador.
El mes cerró con un suceso que estremeció a la sociedad michoacana: el asesinato del niño Miguel Ángel Arévalo en Opopeo, municipio de Salvador Escalante, presuntamente por compañeros de escuela, aunque la Procuraduría local atribuyó la muerte a broncoaspiración, lo que generó indignación familiar.
Finalmente, el gobernador reconoció que Michoacán ocupaba el primer lugar nacional en deserción escolar en secundaria y, durante la visita del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ambos descalificaron a la CNTE, advirtiendo sanciones económicas para maestros que abandonaran las aulas para protestar.