La reciente reforma en Michoacán simplifica la obtención de actas de defunción para familias de desaparecidos, aliviando trámites burocráticos.
Morelia, Michoacán.— La voz de las madres buscadoras finalmente fue escuchada. Tras años de enfrentarse a la burocracia y a los trámites imposibles para dar sepultura a sus seres queridos, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma histórica que permitirá expedir certificados de defunción incluso después de seis meses del fallecimiento de una persona.
La iniciativa impulsada por la diputada morenista Belinda Iturbide Díaz modifica el artículo 118 del Código Familiar del Estado y el artículo 20 de la Ley Orgánica del Registro Civil, eliminando un viejo obstáculo administrativo que impedía a las familias obtener las actas de defunción cuando los restos eran hallados tiempo después de su desaparición.
Hasta ahora, la ley exigía una orden judicial para emitir la documentación correspondiente si el fallecimiento tenía más de seis meses. Esa restricción revictimizaba a las familias y alargaba su proceso de duelo, pues sin el acta no podían acceder al permiso para sepultar a su familiar, ni tramitar beneficios legales relacionados con la defunción.
Con la nueva disposición, bastará con que la Fiscalía General del Estado o la autoridad encargada de la investigación solicite la expedición del acta, para que el Registro Civil la emita sin necesidad de recurrir a los tribunales. Esto evita el desgaste emocional y financiero que antes debían enfrentar quienes buscaban cerrar el ciclo con dignidad.
Organizaciones y colectivos de búsqueda señalaron que la reforma representa un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas y sus familias, pues simplifica un proceso que durante años se convirtió en una segunda forma de violencia institucional.
“Este cambio no solo otorga certidumbre legal, también devuelve humanidad a quienes han perdido todo”, expresó una representante del colectivo “Buscando Corazones en Vida”, tras conocer la aprobación unánime en el Congreso local.
Con esta medida, Michoacán se coloca como una de las entidades pioneras en atender con sensibilidad legislativa una problemática que toca de cerca a cientos de familias que aún buscan justicia y descanso para sus desaparecidos.