El programa de regularización de autos chocolate en México llega a su fin en 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha firmado un decreto que pone fin al programa de regularización de vehículos usados importados, conocidos como “autos chocolate”. / Foto: Especial

El programa de regularización de autos chocolate en México llega a su fin, afectando a miles de propietarios y la industria automotriz

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha firmado un decreto que pone fin al programa de regularización de vehículos usados importados, conocidos como “autos chocolate”. Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025, deroga el acuerdo iniciado en 2022 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El cierre del programa deja a miles de propietarios sin las facilidades que permitieron legalizar más de 3 millones de autos hasta agosto de 2025, con proyecciones que alcanzaron los 3.5 millones al cierre. Este programa beneficiaba principalmente a familias de bajos recursos en 16 estados participantes.

Facilitando la importación desde Estados Unidos, el programa tenía un costo fijo de 2,500 pesos por unidad, recaudando más de 7,500 millones de pesos destinados a infraestructura en municipios clave. Baja California lideró con 495,706 regularizaciones y 970 millones recaudados, seguido de Sonora y otros estados como Chihuahua y Tamaulipas.

Que estados implementaron el programa de “Autos Chocolate” en México

Los estados involucrados fueron: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Aunque el programa fue popular por ofrecer movilidad asequible y certeza jurídica, la industria automotriz, incluida la AMDA, lo criticó por fomentar el contrabando y la competencia desleal, impactando las ventas de autos nacionales.

Desde el 1 de enero de 2026, los vehículos extranjeros usados deben cumplir con estrictas normas de comercio exterior, incluyendo aranceles elevados y certificaciones ambientales bajo el T-MEC, lo que podría encarecer su legalización y afectar a las comunidades que dependen de estos autos.

Aunque los trámites iniciados antes del cierre pueden completarse, se recomienda actuar con urgencia en portales como REPUVE. El abrupto fin del programa, tras múltiples prórrogas, refleja un cambio de prioridades hacia la protección de la industria nacional y el control del mercado vehicular.

Este cierre marca un giro hacia la formalidad y protección industrial, pero deja preguntas sobre el impacto en las comunidades dependientes de estos autos económicos.