El ex alcalde de Lázaro Cárdeneas, Arquímides Oseguera es expulsado del PRD Michoacán tras recibir una condena de 15 años por vínculos con el narcotráfico y crimen organizado, aseguró Torres Piña
Morelia, Michoacán.- En apego a los estatutos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ex alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio perdió todo derecho a permanecer en la militancia del PRD, luego de que fuera sentenciado a 15 años de prisión por mantener presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Cuando alguien es privado de la libertad, en automático pierde sus derechos político-electorales, sin necesidad de que el INE o los partidos hagan algo”, declaró en entrevista el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña.
Sin descalificar la determinación tomada por el juez cuarto de Distrito, el líder del perredismo en la entidad declaró ante la prensa que, “tiene que acatarse la ley y lo que establezca la normatividad, debe atenderse lo que haya resuelto el juez”.
Bajo estos argumentos, el dirigente del perredismo michoacano sostuvo que de acuerdo con los lineamientos estatutarios del sol azteca, Arquímides Oseguera perdió de manera oficial todo lazo partidario con el de la Revolución Democrática.
Al ser abordado sobre si la resolución jurídica referida mermará la imagen del PRD a nivel local, descartó dicha posibilidad al señalar que todo militante del partido debe responsabilizarse de sus actos, sin que exista relación con el organismo político a su cargo.
Ante las declaraciones del presidente del sol azteca, es importante mencionar que los expresidentes municipales de Lázaro Cárdenas y Huetamo, Arquímides Oseguera y Dalia Santana fueron sentenciados a 15 años de prisión por el juez cuarto de Distrito.
Ambos alcaldes fueron detenidos en 2014, por presuntos nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios, y posteriormente, en redes sociales, se publicaron videos donde aparecían reunidos con Sevando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder detenido en marzo del 2015, de dicho grupo criminal.
La sentencia condenatoria emitida por el juez, se centró en los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, además de la agravante de tratarse de servidores públicos.