Una ruptura entre el CJNG y el Cártel X mantiene bajo fuego a Zinapécuaro, Queréndaro, Charo y Álvaro Obregón en Michoacán, donde la violencia supera la reacción de las autoridades.
Morelia, Michoacán.- A raíz de la ruptura entre Alán Martínez Durán, “El Primo” o “Comandante X”, líder del Cártel X y William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región oriente de Michoacán, se ha desatado una violenta pugna para apoderarse de la operatividad criminal en los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro, Charo y Álvaro Obregón, que no solo ha ocasionado constantes enfrentamientos, amenazas y asesinatos de funcionarios municipales, sino que incluso una alcaldesa despacha fuera de la demarcación, mientras las autoridades estatales y federales han evidenciado la ineficacia y las reacciones tardías para contener la inseguridad y la violencia.
A raíz de la ruptura entre El Primo y El Barbas, la violencia y los enfrentamientos, así como las amenazas y atentados contra policías municipales y funcionarios de los ayuntamientos, particularmente de Zinapécuaro y Queréndaro se han vuelto una constante, que, además, han dejado en medio del fuego cruzado a la población de estas demarcaciones.
La confrontación se ha traducido en ataques armados, narcobloqueos y asesinatos selectivos, entre los que destacan el del extesorero municipal de Zinapécuaro, Heriberto González Rodríguez, quien fue hallado descuartizado junto a un narcomensaje dirigido al exalcalde Rubén González Marín, a quien se acusaba de apoyar al Cártel X.
En el texto, firmado por el CJNG, se advertía: “Esto me pasó por apoyar al grupo X… y así mismo les va a seguir pasando a todos aquellos que sigan apoyando al grupo X. Att: CJNG” (sic).
Días después, el actual alcalde de Zinapécuaro, Jordán Reyes, también fue señalado de mantener vínculos con el Cártel X y habría recibido amenazas similares.
Balacera en Zinapécuaro
El escenario más reciente de violencia se vivió durante la madrugada del martes pasado, cuando una balacera con armas de grueso calibre dejó severos daños en la presidencia municipal de Zinapécuaro, viviendas y el sistema de videovigilancia C5I.
De acuerdo con los testimonios de vecinos de la comunidad de Bocaneo, decenas de hombres armados irrumpieron en domicilios particulares mientras las fuerzas estatales y federales llegaron hasta cuatro horas después de los hechos, a pesar de que existe una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en la región.
Este episodio se suma a una cadena de ataques registrados desde finales de 2024, como fue el caso en noviembre, un enfrentamiento en el centro de Zinapécuaro derivó en la muerte de un policía municipal y la quema de vehículos, además de otro ataque armado contra la sede del Ayuntamiento.
En total, más de una docena de enfrentamientos y narcobloqueos han sido documentados en la zona durante los últimos meses.
Respuestas institucionales tardías tras violencia en Michoacán
Pese a la frecuencia y gravedad de estos hechos, las respuestas institucionales han sido tardías y poco efectivas, ya que, a pesar de que el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció que la violencia “obedece a una pugna por el territorio entre dos grupos delincuenciales”, minimizó los ataques recientes al afirmar que “no hubo enfrentamiento” y que “pudieron ser tiros al aire”.
Mientras las autoridades estatales aseguran que el orden fue restablecido con la instalación de una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en el corredor Queréndaro–Zinapécuaro, los hechos en campo muestran una realidad distinta: funcionarios que despachan fuera del municipio por temor a ser atacados, como es el caso de la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero, aunado a que las comunidades se encuentran sin presencia policial constante y una ciudadanía expuesta a la violencia cotidiana.
La falta de una estrategia sostenida para recuperar el control territorial mantiene a esta franja de Michoacán en una situación crítica.
Las operaciones federales se limitan a incursiones esporádicas, mientras los grupos armados continúan ejerciendo control sobre comunidades y carreteras locales.
La disputa entre el CJNG y el Cártel X ha convertido a Zinapécuaro, Queréndaro, Charo y Álvaro Obregón en un corredor de guerra criminal donde las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SS) y la Fiscalía General del Estado (FGE), han sido evidenciadas por su ineficiencia.