La SCJN rechaza las camionetas de lujo tras la polémica. Ministros buscan alinear decisiones con la austeridad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha decidido no utilizar las camionetas de lujo recién adquiridas, tras la controversia por su elevado costo y la incongruencia con los llamados a la austeridad.
A través de un mensaje en redes sociales, el Alto Tribunal comunicó que los nueve ministros que lo componen han optado por renunciar a los vehículos y solicitarán “que se inicie el proceso correspondiente para la devolución” de los mismos.
Alternativamente, se considerará poner las camionetas a disposición de jueces que enfrenten mayores riesgos, siempre respetando la normativa vigente.
Los miembros de la Corte reafirmaron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.
Además, anunciaron una conferencia de prensa para el lunes a las 8:30 h, donde ofrecerán más detalles.
El anuncio se produce tras la polémica por la compra de camionetas Jeep, destinadas a los nuevos integrantes del tribunal elegidos por voto popular en junio de 2025, cada una con un valor de 1.7 millones de pesos, sin incluir medidas de protección como el blindaje.
Ante las críticas por ser una medida contradictoria con el discurso de austeridad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó que la adquisición de camionetas “de seguridad” representó un ahorro de más de mil millones de pesos.
La mandataria explicó que el cambio de un contrato de renta a la compra de unidades generó dicho “ahorro”.
Estándares de seguridad
Por su parte, la Corte argumentó que la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares de seguridad adecuados.
Afirmaron que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.
El Supremo también aseguró que la renovación se realizó conforme a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de estos vehículos cada cuatro años o antes si las condiciones no son seguras, y que el proceso se ejecutó junto con una reducción general del parque vehicular para evitar gastos adicionales.