Hablamos con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja, sobre el rechazo del pleno de los diputados a la Cuenta Pública 2016.
El hecho equivale a un voto de censura al gobierno de Enrique Peña, pero no tiene consecuencias, más allá del ruido mediático. A Vicente Fox le reprobaron las cuentas de 2002 y 2003 y nunca pasó nada.
“Estamos esperando explicaciones sobre el destino de más de 100 mil millones de pesos. Son observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de que no se han solventado”, nos dijo el legislador de Morena.
En esos 100 mil millones entra la Estafa Maestra, los moches. “Una robadera que se hizo”, ilustra el legislador, alguna vez líder de El Barzón, una aguerrida organización de deudores, principalmente del campo.
Ramírez Cuéllar, además, nos adelanta que el Presupuesto de Egresos 2019 va a ser reconfigurado.
“Los acuerdos que construimos con las entidades federativas, las nuevas propuestas de austeridad en las percepciones de los servidores públicos, el propósito de terminar con un gasto dispendioso, nos van a dar una bolsa suficiente para salir adelante.
“No va a haber déficit fiscal. Solamente gastaremos lo que ingrese. Vamos a tener prudencia en esta situación de aparente volatilidad, Vamos a dar la confianza, quizá sea la primera vez. Vamos a actuar con mucha disciplina fiscal”, asevera.
Y remata convencido: “El de Andrés Manuel López Obrador será el sexenio de la inversión productiva, de la reconstrucción de un estado de bienestar”.
¿Usted le cree?
- Por lo pronto, la cancelación del NAIM en Texcoco, una megaobra que llevaba un tercio de avance, no sólo provocó el castigo de las calificadoras internacionales, que nos bajaron de estable a negativo, sino que exhibió los graves desacuerdos que existen en el equipo de negociadores de AMLO.
Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, fue un defensor del abandonado proyecto, y quería dirigir las negociaciones con éxito, pero quedó desacreditado ante los empresarios. Les aseguró que se continuaría la obra en Texcoco.
Carlos Urzúa, quien va a la SHCP, no tiene las relaciones necesarias en el ámbito internacional. Carece de reputación en los mercados. La cancelación del aeropuerto también lo afectó.
Javier Jiménez Espriú, el más entusiasmado con la opción de Santa Lucía, probablemente adoptará una postura más dura. Ganó influencia con el presidente electo. Comparte sus opiniones y sospechas sobre las motivaciones reales de los inversionistas.
Una más: Sergio Samaniego estará a cargo del proyecto Santa Lucía. A los consultores extranjeros no se les escapa el detallito de que es ingeniero agrónomo y que ha estado involucrado con el equipo que lleva a cabo los estudios en Santa Lucía.
Es socio de la empresa de construcción Riobóo, cercana a ya saben quién. Los amigos de Eurasia Group, especialistas en riesgos políticos, advierten sobre este personaje:
“Su perfil y falta de experiencia es un mal augurio para todo el proceso. López Obrador comenzará su Presidencia con un problema que no se resolverá rápidamente y que tendrá un impacto negativo. Su relación con el sector privado.
“A pesar de todas estas complicaciones y la reacción negativa del mercado, es muy poco probable que (AMLO) se retracte de esta decisión. Está convencido de que la cancelación es la mejor opción y sería muy difícil ir en contra de los resultados de la votación”.
- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará este mes el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017.
El máximo tribunal ya dio color por dónde va. Propone, sí, hacerle 14 cambios a la citada ley, pero concluye que el concepto de “seguridad interior” es válido en México.
La oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) cita al Observatorio sobre México para destacar que la citada ley es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país.
“Perpetúa la presencia de los militares en las calles y les atribuye tareas de seguridad que son incompatibles con la naturaleza de su mandato institucional: somete a las instituciones civiles a la autoridad militar y carece de los mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas propios de un régimen democrático”.
Vulnera, además. el derecho a la justicia de las víctimas de abusos militares, así como el derecho a la verdad de la sociedad. La SCJN lo ve diferente. El proyecto que debatirá justifica la intervención de los militares en estas labores, siempre y cuando su intervención se limite a situaciones graves y bajo solicitud, sin excepción, de gobiernos estatales.
Los militares, además, la consideran un paraguas jurídico para protegerse de posibles “comisiones de la verdad” en el futuro.
- Donald Trump le subió una raya al tono racista conforme se acercan las elecciones legislativas en Estados Unidos.
Otra vez, utiliza la fobia de los gringos a los inmigrantes ilegales para jalar votos el martes próximo y evitar que los demócratas le arrebaten el control de ambas cámaras.
Llegó al extremo de advertir que si los centroamericanos que vienen en la caravana lanzan piedras contra los soldados estadunidenses desplegados en la frontera, “como ocurrió en México”, estos les pueden disparar.
¿Cómo la ve?