foto: Oscar Guerrero

Bajo órdenes directas del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, Ubaldo Muñoz del Castillo, presidente de la organización Por un Michoacán sin Barreras fue mandado a golpear, luego de que permaneciera cinco días en huelga de hambre a las afueras del Congreso de Michoacán.

En un acercamiento con comunicadores locales, el señor Ubaldo Muñoz explicó que desde el pasado 10 de septiembre inició una marcha a las afueras del Congreso local para exigir que las personas discapacitadas cuenten con mejores condiciones sociales y económicas.

Al aproximarse el 15 de septiembre y el arranque de las fiestas patrias, el entrevistado señaló que ignoró un sinfín de amenazas realizadas por elementos de la Policía Michoacán para que se retirará del lugar, pues las autoridades buscaron neutralizar todo tipo de manifestación en el marco de dichas celebraciones.

Llegó el 15 de septiembre, y el presidente de Por un Michoacán sin Barreras –la organización más grande encargada de velar por las personas discapacitadas- fue “secuestrado” y retirado a golpes del lugar para despejar en su totalidad el acceso principal a la máxima casa legislativa.

“Es lamentable el mensaje que nos envió el gobernador, porque lo único que nos hace pensar es que su administración así resuelve las cosas… a golpes”, condenó el señor Ubaldo Muñoz, quien detalló también que mientras era retirado del lugar, los elementos de seguridad que lo amedrentaron le decían: “esto te lo manda el gobernador, para que sepas cómo te va si te sigues manifestando”.

En la descripción de los hechos, relató que fue retirado del lugar a bordo de una ambulancia de Protección Civil, en donde después de ser golpeado, fue despojado de sus pertenencias por parte de quienes, se supone, son los encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.

“No sólo me golpearon, también me quitaron mis pertenencias… mi cartera, unos documentos que traía y un reconocimiento que recibí por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que siempre cargo”.

Dijo que su exigencia radica en garantizar mejores condiciones para las personas discapacitadas de Michoacán, pues sostuvo que por ley, toda dependencia debe destinar el tres por ciento de su presupuesto total para brindar las atenciones correspondientes, situación que, dijo, no se está cumpliendo.

“No soy un valiente ni un suicida, pero a mí no me espantan con sus amenazas, yo retomaré la manifestación pase lo que pase, porque el dinero que se tiene que destinar para discapacitados es desviado de manera irregular”, concluyó.


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