En Público
Por Sergio Torres Delgado
El centro del debate en estos momentos es, sin duda, la derrota que sufrieron Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su intento por aprobar la iniciativa de Reforma Eléctrica, y la derrota sufrida quizás por el pueblo de México.
Los partidos guinda, PT y PVEM no alcanzaron la mayoría calificada que se requería para la reforma constitucional.
Sin embargo, esta ocasión es necesario subrayar la medida anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 06 de abril, en el sentido de que su gobierno destinará el 25 por ciento del presupuesto de la publicidad para que periodistas en el país cuenten con seguridad social y pensiones con cobertura para sus familias.
Es decir, la federación aportará un total de 750 millones de pesos que, aunque significativos, seguramente serán pocos para atender las necesidades de las y los periodistas que carecen, carecemos, de seguridad social.
Sería bueno escuchar por parte de los gobiernos estatales una acción solidaria y concurrente en ese mismo sentido, para incrementar la bolsa en favor de las y los comunicadores de cada entidad.
Definitivamente no es algo que compense las difíciles y complejas condiciones laborales, económicas y de riesgo en las que hay que desempeñar el oficio periodístico, baluarte de la libertad de expresión. Mucho menos los atentados que han costado la vida de muchas y muchos compañeros de actividad en el país.
Al tratarse de un anuncio hecho por el gobierno federal morenista, seguramente se hará improbable que Ejecutivos locales panistas, priístas o de Movimiento Ciudadano se sumen, aunque -hasta por rentabilidad electoral- podrían mejorar la propuesta a través de una política pública que vaya más allá, bien diseñada y sustentada.
Pero qué hay de los gobiernos morenistas en los estados, la verdad es que no solo se están tardando en secundar la iniciativa presidencial, sino que en el caso de Michoacán el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla no cuenta con colaboradores sensibles y capaces de entender la labor periodística.
Me refiero a operadores políticos, los mismos que el 12 de abril habían preparado todo para la Instalación de la Junta de Gobierno del Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Instalación a la que el gobierno michoacano había invitado el día previo y que ese mismo 11 de abril tuvo que notificar que se posponía “hasta nuevo aviso”, ya que seguramente se enteraron del malestar que la instalación había despertado entre las y los integrantes del colectivo NiUnoMás.
Al parecer, de alguna forma el gobierno estatal se enteró de la molestia generada y optó por cancelar el acto que se había programado.
De ahí, el posicionamiento del colectivo dando a conocer que, a partir del 17 de marzo de 2022, como resultado de la movilización de periodistas repudiando el asesinato de Armando Linares López, se acordó con autoridades estatales, incluido el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, una ruta de trabajo conjunta para atender la grave situación de violencia y agresiones de derechos de periodistas en Michoacán.
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Las y los periodistas hicieron observaciones a un documento emitido por funcionarios bedollistas, sin embargo, como lo dice el posicionamiento del colectivo, hasta el momento hubo mutis por parte del ente gubernamental. Es decir, nula respuesta.
Por esos motivos, el colectivo decidió romper el diálogo que se había establecido, ya que la relación que se había presupuestado apuntaba a trabajos conjuntos y no a decisiones unilaterales, aun cuando se entiende que el gobierno deba cumplir con las disposiciones normativas correspondientes, lo que no impide acciones coordinadas.
La falta de oficio político y a veces la falta de sensibilidad hacia el quehacer periodístico, por no mencionar otro tipo de actitudes, poco abonan, dando paso a la indiferencia y al poco interés por atender las formas de violencia contra los representantes de los medios de comunicación.
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