Agravar penas por delitos de despojo busca reforma para garantizar seguridad jurídica y patrimonial en Michoacán
Morelia, Michoacán.- Seguridad jurídica y patrimonial, busca reforma para agravar penas por delitos de despojo, así como para incorporar el delito de despojo agravado dentro del Código Penal del Estado.
La iniciativa promovida por el diputado verde, David Martínez Gowman, quien sostiene que en los últimos años se ha observado un incremento significativo de este delito, que no solo vulnera el patrimonio de las personas, sino que también afecta su calidad de vida, su integridad personal, el derecho a una vivienda digna, la estabilidad socioeconómica y el desarrollo familiar.
A partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el legislador refiere que entre enero y noviembre de 2025 se registraron 27 mil 611 casos de despojo dentro de los delitos contra el patrimonio en el país, lo que representa un promedio nacional de 81.39 denuncias diarias.
David Martínez sostiene que la magnitud del problema refleja fallas institucionales para proteger uno de los derechos más básicos: la posesión de un hogar. Agrega que el despojo, además de ser un delito, se ha convertido en un indicador de desorden y debilidad en la capacidad del Estado para garantizar seguridad jurídica sobre la propiedad.
Por ello sostiene que la incidencia no es menor: entre 2017 y 2024 se abrieron 282,917 carpetas de investigación por este delito en el país, según datos del SESNSP. El año más crítico fue 2021, con casi 31 mil casos, mientras que en 2024 se registraron poco más de 28 mil. Para 2025, hasta abril, se habían contabilizado 9,767 carpetas, apenas tres menos que en el mismo periodo de 2024.
Para el legislador el despojo prospera en contextos donde la vulnerabilidad social -como la de personas adultas mayores- coincide con autoridades indiferentes, ineficaces o corruptas. “
El temor a denunciar y la lentitud de los procesos judiciales contrastan con la rapidez con la que operan los despojadores, lo que deja a muchas viviendas -habitadas o no- expuestas a un riesgo constante”.
La propuesta prevé de tres a diez años de prisión a quien “de propia autoridad, o sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, o con consentimiento obtenido mediante cualquier tipo de violencia, hostigamiento, engaño, amenazas, falsedad de documentos, suplantación de identidad o cualquier otro medio ilícito, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno o de otro”.
También incorpora el delito de despojo agravado con un incremento de pena de hasta la mitad cuando las víctimas sean persona adultas mayores, menores de 18 años, que vivan solas, con discapacidad, y originarias de un pueblo o comunidad indígena.