La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum reveló la recopilación de datos para evaluar el impacto del huachicol fiscal, mejorando la trazabilidad de combustibles en México.
Ciudad de México.-La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum anunció que su administración está recopilando datos de diversas entidades para evaluar el impacto económico causado por una red de contrabando de combustible, conocida como “huachicol” fiscal.
Sheinbaum rechazó la cifra de 600 mil millones de pesos de daño económico que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, explicó Sheinbaum en su conferencia diaria.
La mandataria detalló que para un manejo adecuado de la información, se revisarán los datos de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la información de importación de combustibles compartida con aduanas, la Secretaría de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sheinbaum enfatizó que anteriormente no existía “trazabilidad de los combustibles” y adelantó que para finales de octubre, el gobierno de México tendrá acceso a datos en tiempo real sobre la importación y venta de combustibles.
“A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, si viene de algún lado, que es contrabando, o no contabilidad. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”, agregó.
Sheinbaum aclaró que la declaración de la procuradora fiscal sobre el contrabando fiscal de combustible se basó en un cálculo de un diputado federal, y no hay datos oficiales de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto económico del contrabando.
La presidenta confirmó que existen denuncias por 16 mil millones de pesos. En septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) inició un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocido como “huachicol” fiscal. Según la FGR, estos funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, disfrazados como aditivos, para su venta ilegal y evasión fiscal.