El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue prófugo tras su inasistencia a la audiencia por peculado y corrupción: FGR lo acusa de un desfalco millonario en la construcción de cuarteles
Morelia, Michoacán.- Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, no se presentó a la audiencia programada en el Reclusorio Oriente, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle delitos de peculado y asociación delictuosa por un presunto desfalco superior a 3 mil 400 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal.
La diligencia se celebró este martes a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, encabezada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava. Comparecieron representantes de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría de Michoacán y la Fiscalía General de Justicia estatal.
El proceso de la FGR busca demostrar que, durante su mandato, Aureoles desvió 3,412 millones 164 mil pesos, lo que habría generado un daño directo al erario de más de 1,052 millones de pesos.
Ni Aureoles ni Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública y también implicado, asistieron a la audiencia. Desde marzo, Aureoles ha sido declarado prófugo de la justicia, aunque contaba con una suspensión que podría permitirle enfrentar el proceso en libertad o bajo prisión domiciliaria. Al no presentarse, corresponderá al juez notificar a los tribunales de amparo.
En el caso de Corona Martínez, este había obtenido un recurso judicial que impedía su detención solo si se presentaba a la audiencia. Al incumplir, el órgano jurisdiccional podría declarar también su fuga legal.
Las investigaciones señalan, además, que Aureoles mantiene personal armado custodiando sus propiedades en el estado.
Este proceso no es aislado: desde febrero, cuatro excolaboradores del exmandatario están presos. Entre ellos, Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, así como Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegados administrativos acusados de peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.