Silvano pagó 2 mil 700 mdp para espiar a políticos, periodistas y empresarios; contrató a empresa de Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
Morelia, Michoacán.- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pagó cerca de 2 mil 700 millones de pesos, en cinco años, a la empresa “Integra Software”, propiedad del empresario chiapaneco prófugo de la justicia, Víctor Manuel Álvarez Puga, para la instalación de una red de espionaje de políticos, periodistas, empresarios, luchadores sociales, entre otros, de todo el país, según el columnista de El Universal, Salvador García Soto.
El columnista detalla que el empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga conformó una red de contratos y corrupción, entre ellos con la pasada administración estatal que encabezó Silvano Aureoles, ya que en 2007 contrató el servicio del primero, a quien se le pagó 132 millones de dólares en cinco años, es decir, cerca de 2 mil 700 millones de pesos en la instalación y operatividad del sistema de espionaje que monitoreaba y seguía a direcciones IP y teléfonos celulares.
De acuerdo con Salvador García Soto, “desde marzo de 2017 a abril de 2021, esa empresa recibió 2.5 mdd de pago mensual por sus servicios de ‘monitoreo y seguimiento’ a las direcciones IP de todos los michoacanos. Fueron 51 meses de contrato y el primer pago fue de 7 mdd, lo que en total representó un gasto de 132 millones de dólares que pagó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán durante los cinco años que duró la vigencia del contrato”.
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El columnista de El Universal detalla que el contrato se celebró por adjudicación directa y está identificado con el número CAPDE-1SGAB-00117. En dicho contrato aparecen las firmas del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; el director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras que por “Integra Software”, firmó Raúl García Palacios como “administrador único”.
García Soto detalla que “el objeto del contrato se establece que la empresa de tecnología e informática instalará un centro que permita al gobierno estatal ‘el monitoreo y actualización constante de las direcciones IP (computadoras, teléfonos y tabletas) en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios’ además de la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que la empresa se compromete a mantener ‘en servicio y mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año’, según dice el contrato”.
Salvador García Soto, Columnista de El Universal
No obstante, el columnista aclara que fuentes que conocieron el sistema, le detallaron que éste operó como un centro de espionaje y seguimiento a teléfonos celulares, equipos de cómputo, no solo de Michoacán, sino de todo el país, a través del cual, se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas.
Salvador García Soto aclara que “Integra Software es una de las varias empresas que el empresario prófugo, Álvarez Puga, utilizaba para obtener contratos y facturar servicios a secretarías del gobierno federal y a los gobiernos estatales”, y añade que “Romelux, Sirvair, Capsa, Seguridad, Integra, VMAP I y VMAP Inv. GR aparecen en una lista de “Facturas Provisionadas” con distintas cantidades de facturación que en total suman 176 millones 275, 188 millones de pesos. En el caso de Integra aparece en esa lista con una factura de 70 millones 704 mil pesos. Y luego, en un reporte contable específico de “Facturas Pagadas por Estado de Cuenta Integra Software, S.A. de C.V.”, se detalla el pago de tres facturas, dos de fecha 4 de abril de 2017 y una del 6 de abril de 2017, que aparecen foliadas con el número 32 y corresponden al concepto: “Ingreso por Pago Factura 32 Gobierno del Estado de Michoacán, la primera por 88 millones de pesos, la segunda por 12 mdp, y la tercera por 56, 619, 460 pesos”.
Salvador García Soto, Columnista de El Universal
El columnista aclara que “en un estado de cuenta de Banco Santander, de la empresa Integra Software, con domicilio en J. Velázquez de León 76 1, San Rafael, Cuauhtémoc, México Distrito Federal, C.P 06470, del que también tiene copia esta columna, aparecen detallados los movimientos, depósitos y transferencias de la Cuenta E-Pyme 92-00214660-1 correspondientes al mes de abril de 2017. Ahí se consigna los tres pagos del gobierno del estado de Michoacán que coinciden con los montos y fechas mencionados: el primero, el 4 de abril por 88 mdp con el folio 7401959; el segundo depósito también el 4 de abril por 12 mdp registrado con folio 7428954; y el tercero el 6 de abril por 52,619,460 pesos foliado con el número 8270061”.
Salvador García Soto, Columnista de El Universal
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Y agrega: “En ese mismo estado de cuenta se registra cómo, inmediatamente después de recibir los tres pagos del gobierno de Michoacán y su Secretaría de Finanzas, los recursos eran dispersados con transferencias a varias empresas el mismo día 4 de abril, por ejemplo a la empresa Broadlink le transfirieron 43 millones 458 mil 240 pesos a una cuenta en Banamex, por concepto de “Enlace Pago” aparecen ese mismo día tres transferencias que suman en total 40.8 mdp, además de una transferencia por 7 mdp a la Sofom Súper Préstamos y una transferencia por 3.8 mdp al particular Juan José Garay Rodríguez. También aparecen un pago por 9.6 mdp a la empresa Servitac, SC. Otros dos pagos a la Sofom Super préstamos por casi 11 mdp, y otros cuatro “Pago Enlace Factura” por 43 millones 498 mil 400 pesos”.
Salvador García Soto, Columnista de El Universal
Y continúa: “El contrato entre el gobierno de Michoacán y la empresa de Álvarez Puga para instalar el centro de monitoreo y espionaje de direcciones IP se pactó para pagarse en dólares, en un hecho que según abogados expertos no es ilegal para un gobierno estatal, aunque sí es inusual, por el riesgo que representa para las finanzas públicas en caso de una devaluación del tipo de cambio”.
Salvador García Soto, Columnista de El Universal
Y remata: “En los cinco años que el gobierno de Silvano Aureoles estuvo transfiriendo los pagos a las cuentas de la empresa Integra, el tipo de cambio fluctuó de los 20 pesos con que arrancó en 2017 a los 19, 18 y hasta 21 pesos en los años restantes. Sobre el uso de “los datos y la información” que se recabó a través del espionaje y seguimiento de las direcciones IP en Michoacán y otras partes del país, una de las cláusulas señala que “son para uso exclusivo del gobierno”, aunque nunca detalla qué tipo de uso tuvo toda esa información recabada de usuarios de teléfonos celulares, equipos de cómputo y otros dispositivos de comunicación… Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete”.
Salvador García Soto, Columnista de El Universal