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Ciudad de México.-A través de su programa Monitoreo de Tiendas Virtuales la Procuraduría Federal del Consumidor ha encontrado que el 49 por ciento de las tiendas en línea que existen en el país no cumplen con los lineamientos que han establecido para proteger al consumidor.

Desde que entrará en operación, algunos de los datos que quincenalmente evalúa la Profeco en línea que tiene identificadas se encuentra que tengan, entre otras cosas, domicilio físico, si el precio tiene un desglose de impuestos, si hay un aviso de privacidad, métodos de cancelación, políticas de garantía y si pide autorización al cliente para recibir publicidad.

Encontrando que 206 de las 924 tiendas evaluadas en el último periodo no cuentan con política de cancelación, devolución o cambio. En el segundo puesto se encuentra la falta de un aviso de privacidad, con 161 casos y en tercer puesto se encuentra la ausencia de información sobre las condiciones de envío con 115 comercios en línea que incumplían está regla.

 

Ley de Protección al Consumidor debe actualizarse

De manera paralela, la misma Profeco ha comentado que buscará actualizar la Ley de Protección al Consumidor para adaptarse a las nuevas dinámicas y métodos de compra de los consumidores mexicanos.

 

Profeco buscará regular y proteger al consumidor digital

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Es decir, lograr regular y proteger las compras que realizan los usuarios a través de marketplaces como Amazon, MercadoLibre o Linio. Estableciendo para los compradores y vendedores responsabilidades y mecanismos de protección jurídica ante algún incidente.

Pasa una cosa: no está claro en la Ley. La Profeco solamente atiende al consumidor desde el punto de vista tradicional y cuando se trata de dos personas que hacen negocios entre sí ya no somos competentes. Por ejemplo, es un tema que hay que afinar ahora que empiezan a existir portales donde las personas empiezan a hacer negocios

Aunque en estos momentos si tiene forma de sancionar en caso de que alguna empresa o vendedor incurra en alguna práctica abusiva, pero es un hecho que se necesita una legislación que contemple las nuevas prácticas que suceden en el comercio electrónico.