Morelia, Michoacán.- Derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), contra 26 policías, comandantes y agentes ministeriales, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ), inició procesos de responsabilidad administrativa, de carácter penal, principalmente por abuso de autoridad y detenciones ilegales, detalló el ombudsman michoacano, Victor Manuel Serrato Lozano.
En entrevista, Serrato Lozano destacó que, a pesar de que las recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos humanos no tienen efectos vinculatorios, se ha avanzado en las atribuciones de tales organismos que han provocado que se inicien procesos de responsabilidad y sancionatorios contra quienes incurren en la violación a los derechos humanos.
Al respecto, explicó, “las comisiones siguen emitiendo recomendaciones, siguen siendo no vinculatorias, sin embargo, hay ciertos avances legislativos que le han permitido a las comisiones ser contundentes en sus resoluciones, por eso hoy en día hay funcionarios públicos que están en procedimiento de responsabilidad, e incluso ya estamos tomando decisiones para dar vista a los ministerios públicos para que se abra una investigación de carácter penal en los ministerios públicos; yo creo que esos si son avances para las comisiones”.
Y añadió que en el caso de Michoacán “hay por lo menos 26 servidores públicos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, en su mayoría son policías, son comandantes o son agentes del ministerio público, que están bajo procedimiento de responsabilidad administrativa, derivado todos de una recomendación estatal”.
Señaló que actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por primera vez, supera a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ), en cuanto a la cantidad de quejas interpuestas ante la CEDH.
“A la fecha la Secretaría de Seguridad Pública, por primera ocasión se coloca por encina de la Procuraduría General de Justicia como autoridad señalada por la sociedad como violadora de derechos humanos, con 196 quejas al 31 de mayo; lo que te puedo decir es qué ocasionó eso, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales”, dijo.
Criticó que las autoridades estatales, particularmente de la SSP, se enfoquen en que los policías resuelvan los conflictos sociales, que derivan en operativos de contención, pero más allá de eso, en enfrentamientos que han generado escenarios lamentables.