Grandes momentos de tensión social están sucediendo en todo el país. Ahora el acontecimiento de relevancia nacional más reciente es la destitución del Titular de la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), Santiago Nieto, quién hace solo unos días hablo de presiones por parte de Emilio Lozoya, antiguo director de PEMEX y encargado de la coordinación de vinculación internacional durante la campaña de Peña Nieto en 2012, para no exponer posible información suya referente a la investigación del caso Oderbrecht en México.
La percepción general es de que el ahora mencionado ex funcionario, fue sacado del mando de la FEPADE por estar afectando intereses de ciertos grupos de poder en el actual gobierno federal, incluyendo al exdirector de PEMEX, y para agravar aún más la situación esto sucede en época prelectoral, lo cual sin duda incrementará la desconfianza de la ciudadanía en el actuar del estado mexicano al momento de las elecciones de 2018.
Sin embargo eso mismo, aun con todos los matices turbios que puede conllevar, podría tener un lado positivo; esta desconfianza ciudadana hacia las actuales instituciones federales, sumada a la mala gestión de los órganos electorales nacionales y estatales encargados de las elecciones de este año, podría generar que el desencanto de la sociedad civil por la mediocre administración institucional se canalice hacia una mayor y más coordinada organización de parte de los distintos sectores sociales para exigir cambios y mejores manejos en la administración pública, no solamente federal sino incluso estatal y municipal.
Precisamente lo que a lo largo de estos últimos años le ha faltado al país, es una sociedad civil concientizada, organizada, y sobre todo participativa que tenga en pleno conocimiento las funciones que deben cumplir las instituciones del Estado mexicano y que exija de manera contundente a las autoridades encargadas de estas instituciones que cumplan adecuadamente las tareas que les correspondan.
Particularmente en este último sexenio ha habido -en parte gracias a las redes sociales-, una mayor difusión sobre asuntos de gran impacto que conciernen a la política nacional y que por fortuna, la sociedad parece tener cada vez un interés mayor en éstos. El surgimiento de movimientos sociales contra la impunidad y la inseguridad, así como la llegada al poder de candidatos independientes, son una muestra de ese hartazgo social canalizado. No obstante, esto aún no es suficiente para generar modificaciones profundas en la forma que se realiza la política en México.
La sociedad mexicana debe actuar con mayor consciencia social y exigir aún más a los tres niveles de gobierno por resultados efectivos en la política pública que al mismo tiempo garanticen el respeto a la ley.
La exigencia ciudadana ya no puede hacerse esperar ni en Michoacán ni en el resto del país. El Estado mexicano tiene la absoluta obligación de cumplir con establecido en la constitución y en el resto de las leyes, por lo mismo, la sociedad debe alzar la voz en todo momento para garantizar que las distintas esferas gubernamentales cumplan con ese objetivo.
Al final de cuentas, los mexicanos deben aprender a organizarse y ser más exigentes, dejar de lado el viejo esquema del conformismo social y comenzar a actuar para cambiar la situación del país. Si el pueblo mexicano quiere mejorar a la nación, lo primero que tendrá que hacer es volverse mucho más estricto con sus respectivas autoridades en el tema de la gestión pública y el respeto al Estado de Derecho.