Trasfondo político en la vinculación a proceso de exfuncionarios del Congreso de Michoacán por la adquisición irregular de un software en 2021, descarta el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Morelia, Michoacán.- El presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora descartó que exista un trasfondo político en la vinculación a proceso que se hizo de exfuncionarios de la Cámara vinculados con la adquisición irregular de un software en la pasada Legislatura, que costó al erario 5.5 millones de pesos.
El asunto data de cuando Fidel Calderón Torreblanca presidía la Junta de Coordinación Política del Congreso, suscitándose el que fue el mayor escándalo por presuntos actos de corrupción, al adquirir un software para la contabilidad del Congreso, por la que se presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia que fue ratificada por el Legislativo
El fin de semana se llevó la audiencia de vinculación a proceso de dos exfuncionarios del Congreso por el caso, María Isabel “N” y a Beatriz Ariadna “N”, quienes se vieron implicadas en el caso junto con el exsecretario de finanzas de la Cámara, Mario Alberto “N”, todos ellos funcionarios que estaban bajo las órdenes de Fidel Calderón en 2021 cuando éste presidía la Jucopo y el caso se suscitó.
La vinculación se da en tiempos políticamente álgidos al interior de Morena, con una confrontación abierta entre los grupos que encabeza, por un lado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y por el otro, el senador Raúl Morón Orozco, de éste último forma parte Fidel Calderón.
Por ello Juan Antonio Magaña de la Mora fue cuestionado sobre las posibles implicaciones políticas que tiene el que, justo en estos días se realice la vinculación a proceso, luego de que la denuncia permaneció congelada.
-¿Buscan poder fincarle responsabilidades a Fidel Calderón por la disputa que existe en Morena?
“No sé qué tenga que ver en este momento él; aquí son tres personas determinadas; en realidad la denuncia estaba presentada desde la anterior legislatura. Cuando nosotros llegamos en esta 76 legislatura, advertimos que había asuntos a los que no se les había dado seguimiento, este era uno de ellos”.
Y agregó:
“Se llevó a cabo una audiencia el día de antier en donde se logró la vinculación a proceso de dos exfuncionarios del Congreso, una era la directora de Finanzas, otro era el director jurídico, pero también está imputado el que era secretario de finanzas de aquí del Congreso y él pidió la duplicidad del término constitucional, razón por la cual no se ha resuelto su situación jurídica, pero respecto a los dos primeros ya se determinó la vinculación y mañana jueves se llevar a cabo por la mañana la audiencia respecto del ex secretario de finanzas para que el juez resuelva su situación jurídica”.
El escándalo sobre exfuncionarios del Congreso de Michoacán
La contratación irregular del software para el manejo contable del Congreso fue en la recta inicial de la LXXV Legislatura, cuando la Jucopo era presidida por Fidel Calderón. En la primera mitad del 2022 el tema derivó en un escándalo por posibles actos de corrupción.
Sin contar con el poder legal para ello, funcionarios legislativos entregaron información confidencial de los trabajadores del Congreso a la empresa E5 Software, contratada para la instrumentación del referido software.
Los poderes otorgados por la entonces presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez a funcionarios legislativos, no los facultaban para celebrar contratos de servicios para la instrumentación del software.
Pese a ello el poder otorgado se usó de manera indebida por María Isabel “N” para celebrar un contrato de prestación de servicios, firmado el 30 de diciembre de 2021, con el proveedor José Alfredo Aburto Gaitán para implementar un sistema de cómputo, conocido con el nombre comercial de “PROGRP” para el manejo contable de la Cámara.
La contratación irregular del software se dio por orden directa de Mario Alberto “N”, quien frente a la presión por las irregularidades en la Cámara, en febrero de 2022 dejó el cargo como secretario de Administración y Finanzas del Congreso.
A pesar de que se argumentó experiencia de la empresa para su contratación, en los hechos el Congreso local era su único cliente gubernamental. El software jamás operó.
El 30 de diciembre de 2021, María Isabel, en representación del Congreso, firmó dos contratos con José Alfredo Aburto Gaytán en su carácter de proveedor, uno para concretar la contratación de sus servicios, y otro de confidencialidad.
Otras tres firmas aparecían en el contrato de confidencialidad, la de Enrique Martínez López y la de Carmen Alicia Terrero Huéramo con carácter ambos de “receptor”, y la de Yair Omar Ramírez García como testigo.
En dicho contrato se acordó la entrega de información confidencial al proveedor, el cual se comprometía a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla por cualquier medio.
Frente al caso, en abril de 2022 los diputados Juan Carlos Barragán, Julieta García y Eréndira Isauro presentaron una denuncia por la adquisición irregular.
Debido a que los 5.5 millones de pesos para la contratación del software eran recurso federal, se buscó que la denuncia quedara en manos de la Fiscalía General de la República, sin embargo, la exsecretaría de Finanzas de la Cámara, Rocío Pineda Gochi habría falseado información sobre el origen de los recursos para que el caso no fuera investigado a nivel federal, según lo declaró en agosto pasado Juan Carlos Barragán en entrevistas.
De las personas denunciadas por este caso, todas excepto una dejaron de trabajar para el Congreso, ésta permaneció cobrando como asesora del legislador Fidel Calderón hasta el fin de la LXXV Legislatura.