Foto: Archivo/Raúl Tinoco

Uno de los siete agremiados a la CNTE que permanecen detenidos, fue vinculado a proceso y deberá resolver su situación jurídica en prisión por el delito de sabotaje.

Para desconsuelo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Poder Judicial de la Federación resolvió en contra de uno de los siete profesores que resultaron detenidos luego de boicotear la operatividad del tren, y éste deberá permanecer tras las rejas por un plazo de al menos dos meses.

“Había quedado recesada la audiencia inicial, hoy ofrecimos algunas pruebas, la juez consideró que no fueron suficientes como para no vincular a proceso y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de sabotaje”, explicó el asesor jurídico de la CNTE, Medardo Gutiérrez Guzmán.

La resolución del proceso recayó sobre Miguel B, quien durante un operativo policial realizado el pasado miércoles 7 de diciembre en la tenencia de Guacamayas, fue detenido por presuntamente causar destrozos en las vías ferroviarias.

El procesado permanecerá en prisión preventiva al interior del penal David Franco Rodríguez, en tanto el cuerpo jurídico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no consiga comprobar la inocencia de quien fungiera como director de la escuela secundaria técnica 154 del municipio de Lázaro Cárdenas.

“Esto quiere decir que continua en prisión preventiva, es decir, no puede salir y pues va a tardar de manera natural unos dos meses para que se dé el plazo que pidió el Ministerio Público para hacer la investigación complementaria”

“Dijo el compañero Miguel que está detenido: yo lo que veo es que no andan buscando quién lo hizo, sino quién se las pague”, agregó el litigante al considerar que bajo influencias federales y estatales, el proceso jurídico de los detenidos se ha visto enrarecido.

Ya con la determinación del Poder Judicial de la Federación, Medardo Gutiérrez adelantó que el cuerpo jurídico centista buscará proceder a la apelación del caso, a fin de que un magistrado ordene la revocación del resolutivo, o en su defecto lo ratifique.

“Aquí hay dos caminos, el de las acciones políticas ya le corresponde a la asamblea, nosotros en lo jurídico tenemos dos opciones: el del amparo o la apelación, pero creo que vamos por la apelación”, puntualizó.

Una vez que se resolvió sobre uno de los siete profesores que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), el litigante de la CNTE lamentó que se pinta el mismo escenario para el resto de los docentes, pues se prevé que las pruebas de igual manera sean insuficientes.

“La compañera que es mujer tiene algunas posibilidades porque de ella hay un video donde se ve que la detienen, y ella cuando la detienen está tomando un video y no está haciendo nada; está tomando un video de la intervención de las fueras de seguridad, y vamos a ver si le quieren dar valor probatorio de que con eso… se ve que no hay indicio de que ella pudiera haber tenido participación”, añadió.

Como un dato complementario, es importante señalar que los docentes detenidos son: José Abraham Alberto Valdovinos, de Tacámbaro; Álvaro Villa Estrada de Zacapu, Javier Ruiz Vásquez de Zacapu; Amira Buceo Dorismont, de Pátzcuaro; Miguel de Jesús Pagua, de Pátzcuaro; Humberto Cendejas Magaña de Huaniqueo y Guillermo León Ceja, de Tacámbaro.

“Falta mucho, pero de concretarse un proceso de sentencia, el tiempo que tendrían que estar en la cárcel va desde los 2 a los 20 años”, remató el litigante de la disidencia magisterial.