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“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de Michoacán un informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que actualmente se presenta en varios municipios de la entidad, a fin de conocer los resultados de su estrategia de seguridad; asimismo para que analice la pertinencia de solicitar el apoyo del Gobierno Federal, con el objetivo de reestablecer la paz y la tranquilidad en el Estado”.

Así lo establece el punto de acuerdo que en sesión de la comisión permanente se abordará el día de hoy y que fue signado por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual además sostiene que por tres días consecutivos en Michoacán se vivió una violencia nunca antes vista.

No obstante, todos los apoyos otorgados a Michoacán por parte del Gobierno Federal, durante las últimas semanas se han presentado lamentables hechos de violencia que han generado una sensación de ingobernabilidad, se agrega y de hecho está publicado en el orden del programado para la sesión de hoy en la página www.senado.gob.mx

“Uruapan, Apatzingán, Chilchota, Múgica, La Piedad, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo, Tangamandapio, Venustiano Carranza, Zamora, Los Reyes y Lázaro Cárdenas, entre otros, han sufrido los embates de la delincuencia organizada que ha incendiado vehículos particulares y autobuses del transporte público para generar sus barricadas y bloqueos carreteros; ha atacado a familias, causando lesiones y muerte de gente inocente; ha atacado tiendas de conveniencia y diversos negocios, y ha generado pánico entre la población. Durante tres días consecutivos, en el mes de abril, se vivió una jornada de violencia nunca antes vista”.

En octubre de 2015, añade, durante un evento en Apatzingán con motivo de la firma del Mando Único y conformación de la Policía Estatal de Michoacán, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que quedaría atrás la etapa de incertidumbre en el estado.

Sin embargo, a más de seis meses de la implementación de la Policía Estatal Michoacán, los delitos y la violencia ha aumentado de manera inusitada, hecho que ha generado incertidumbre y miedo entre la población.

El discurso no es acorde con los hechos y los resultados vistos hasta ahora por los michoacanos.

Los efectos se han sentido, además, en los comercios establecidos que por la violencia, han reportado pérdidas de hasta 70 por ciento.

En su momento, el presidente de la Comisión de Industria, Comercios y Servicios del Congreso de Michoacán, Antonio Sosa López, reconoció que la mayoría de los pequeños y medianos empresarios, quienes diario reportaban ventas de 1,000 pesos, hoy registran ingresos de sólo 300 pesos.

Todo parece indicar que en Michoacán los grupos delictivos diversificaron sus actividades, están afectando a toda la población y hasta ahora el jefe del Ejecutivo Estatal ha mostrado limitaciones para combatirlos.

Ya en anteriores ocasiones, la inseguridad obligó a diversas comunidades y grupos sociales michoacanos a generar mecanismos alternos de protección, tales como las policías comunitarias, que luego fueron integradas a la Policía Estatal Michoacán y al Mando Único, sin los resultados deseados por la ciudadanía.

El punto de acuerdo indica que la política pública de seguridad y procuración de justicia del Gobierno Federal tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia; el combate a los delitos, con especial énfasis en los que más vulneran a la sociedad como son el homicidio, el secuestro y la extorsión-; así como el reestablecimiento de la paz en nuestro país.

En el eje rector “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establecen las bases “para fortalecer el pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad”, a través de 10 estrategias:

  1. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social.
  2. Justicia penal eficaz.
  3. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de Policía.
  4. Transformación del sistema penitenciario.
  5. Promoción y articulación de la participación ciudadana.
  6. Cooperación internacional.
  7. Información que sirva al ciudadano.
  8. Coordinación entre autoridades.
  9. Regionalización.
  10. Fortalecimiento de la inteligencia.

En esta materia, agrega el documento publicado en la gaceta, el Gobierno Federal ha actuado con alto sentido de responsabilidad, apoyando a los gobiernos de las entidades federativas en la conformación de sus mandos únicos policiales, fortaleciendo sus cuerpos de seguridad, dotándolos de los recursos y la capacitación necesaria para afrontar los grandes retos que día con día se presentan.

Recientemente, el Gobierno del Estado de Michoacán con apoyo de la Federación, conformó su Mando Único Policial, modelo que al mes de enero de este año se habían sumado 108 de los 113 municipios de la entidad.

En Michoacán, a través del Mando Único Policial se ejecutan de forma integral las políticas y acciones en materia de seguridad pública, de acuerdo al Secretario General de Gobierno, Adrián López Solís, quien ha reconocido una gran colaboración y respaldo en la materia, por parte del Gobierno Federal.

Se ha optado por el Mando Único Policial a fin de aprovechar las bondades de este modelo, como el evitar duplicidad de atribuciones entre policías municipales y estatales, la implementación de protocolos de actuación homogéneos, la capacitación del personal policiaco y la homologación de las condiciones de trabajo y las capacidades de las fuerzas del orden.

Asimismo, una mayor vinculación de la policía con la ciudadanía a través de la participación activa de la sociedad como método de prevención, la eliminación de fronteras entre municipios o entidades federativas que en muchas ocasiones aprovechan los delincuentes para escapar, así como la colaboración y coordinación entre las instituciones de seguridad pública.