Por pretender cobro indebido de instalaciones del Palacio Clavijero, acusan violencia institucional de la Secum contra la Universidad Magno Americana
Morelia, Michoacán.- La Colectiva Mariposas Insurgente emitió este lunes un posicionamiento en el que acusa de violencia institucional a la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en contra de la Universidad Magno Americana, al pretender el cobro por el uso del Palacio Clavijero, para un evento previamente acordado.
Conforme a lo expuesto en el posicionamiento, la Universidad contaba con un oficio de préstamo de las instalaciones de Palacio Clavijero, para la realización de un evento académico en el que se reconocería a Marcela Lagarde, “referente del feminismo en México y el mundo”, a celebrarse el pasado 17 de abril.
Ese mismo día se permitió el acceso a los organizadores al inmueble para los preparativos del evento. La Universidad había realizado la logística previa girando 80 invitaciones para asistentes al evento. Al mediodía la actividad resultó cancelada “por el subdirector Astor”.
Apuntan que a las 17:00 horas, “el área jurídica, a cargo del Lic. César”, condicionó la realización del evento al pago de 90 mil pesos, bajo amenaza de usar la fuerza pública para desalojar a la comunidad universitaria de no hacerlo.
“Todo esto ocurrió bajo instrucciones de la titular Tamara Sosa Alanís.”
Secum contra Universidad Magno Americana
Es así como la Colectiva apunta que lo ocurrido es violencia institucional:
“Que una secretaría de Estado encabece el hostigamiento contra una Universidad que defiende derechos humanos y derechos de las mujeres, deja en claro la carencia de perspectiva en género y la corrupción de la que es parte.”
Recalcan que boicotear un homenaje a Marcela Lagarde es un acto de violencia simbólica, que atenta contra la memoria y el legado de quien nombró y visibilizó el feminicidio en México.
“Criminalizar a una universidad por defender espacios de diálogo es misoginia institucional. Se usó el poder, la amenaza y la burocracia para humillar a una rectora y a su comunidad. Exigir 90 mil pesos el día del evento, sin fundamento legal previo, es extorsión. Es un cobro irracional que buscó cancelar la palabra de las mujeres.”
La exigencia que plantea la Colectiva es una disculpa pública de la Secretaría de Cultura y de Tamara Sosa Alanís; una investigación y sanción a los funcionarios involucrados: delegación administrativa, subdirección y área jurídica del Palacio Clavijero; la garantía de no repetición y protocolos claros para uso de espacios culturales por instituciones educativas; y que el Estado no use los recintos culturales como herramienta de castigo político.
Finalmente, en el posicionamiento se subraya:
“La cultura sin libertad y sin respeto no es cultura: es control. Las universidades son territorio feminista y no vamos a permitir que se les violente. Si tocan a una respondemos todas.”