Una trabajadora denuncia violencia laboral y discriminación de género en la Defensoría de Michoacán.
Morelia, Michoacán.- Una trabajadora con 17 años de antigüedad en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, denunció una serie de presiones del director de la dependencia, Felipe Morales, así como actos de violencia laboral y presunta discriminación de género que, afirma, buscan orillarla a renunciar.
En su denuncia, la funcionaria explicó que el conflicto inició a finales de 2025, cuando solicitó una licencia sin goce de sueldo para incorporarse temporalmente al Instituto Federal de la Defensoría Pública.
“Yo el 5 de noviembre me acerco a hablar con el director y le comento que tenía una oferta laboral; esperaba que me autorizara una licencia sin goce de sueldo”, relató.
Sin embargo, aseguró que el director se la negó bajo el argumento de que existían “instrucciones del gobernador” para no conceder licencias, pese a que sí se habían autorizado a otros compañeros.
La defensora afirmó que al evidenciar un caso concreto en el que sí se otorgó una licencia a un colega, la reacción del director fue hostil.
“Me empezó a levantar la voz y me empezó a decir que por qué yo tenía ese tipo de información que es confidencial”, narró, y aclaró que ella respondió que se trataba de información pública obtenida vía transparencia.
Posteriormente, dijo, fue presionada directamente para renunciar: “Me decía: ‘renuncia’, que si yo me quería ir de ahí tenía que renunciar”.
Tras presentar su solicitud por escrito el 6 de noviembre, acusó que la respuesta fue retrasada de manera deliberada.
“Mañosamente alargó todo el mes para que yo no tuviera conocimiento que me iba a negar la licencia”, señaló.
La negativa vino acompañada de consecuencias laborales, pues le retiraron su cargo como coordinadora, fue sobrecargada de trabajo y, semanas después, recibió un cambio de adscripción foráneo.
“El 15 en la tarde me mandan un oficio de cambio de adscripción, a partir del 18 de diciembre, es decir, solamente dos días para entrega y recepción”, explicó.
Ya en la nueva adscripción, en Uruapan, denunció que la presión continuó.
“Me duplican la carga: a mí me entregaron 12 asuntos y ya cuando regreso, me duplican la carga, 25 asuntos”, afirmó, además de señalar que no le entregaron expedientes completos ni condiciones adecuadas de trabajo.
Ante ello, presentó escritos denunciando violencia laboral, pues dijo: “Yo le hago un escrito al subdirector para decirle que cese esta violencia que están ejerciendo en mi contra”.
Afectaciones a mujeres
La defensora sostuvo que su caso no es aislado y que los cambios de adscripción han afectado principalmente a mujeres.
“Solamente han renunciado las compañeras mujeres”, afirmó, al señalar que al menos dos defensoras dejaron el cargo tras ser cambiadas de materia, a ámbitos jurídicos que no eran de su especialidad.
Añadió que otras han denunciado vigilancia excesiva o negativas de permisos para atender a hijos enfermos. “Pareciera que a las mujeres sí nos están mandando fuera”, dijo.
De acuerdo con su testimonio, no existe antecedente administrativo que justifique su cambio.
“Mi expediente personal está limpio; nunca ha habido quejas de que no me quieren a mí como abogada”, detalló.
Incluso, aseguró que usuarios del sistema presentaron inconformidades cuando se enteraron de su traslado, porque deseaban que continuara con su defensa.
La denunciante informó que ha presentado escritos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y la Secretaría de Gobierno.
Finalmente, expresó temor por posibles represalias. “Levanto la voz y ahí te va más trabajo”, afirmó, y pidió que su identidad se maneje con reserva ante el riesgo de nuevos cambios de adscripción o afectaciones laborales.