La vivienda temporal para adolescentes en Michoacán es esencial para su reinserción social y protección ante entornos familiares riesgosos.
Morelia, Michoacán.- Para la reinserción social de adolescentes que hayan delinquido, el petista Hugo Rangel, plantea se les otorgue vivienda temporal por Ley cuando sus familias sean una condición de riesgo.
El diputado local propondrá ante el Congreso reformar el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado, en el que plantea se incorpore entre otros el concepto de Enfoque de Vulnerabilidad Estructural, por el cual las autoridades deberán identificar si la conducta del adolescente se relaciona con violencias familiares, pobreza extrema, exclusión educativa, discriminación, pertenencia a zonas de riesgo o participación obligada en dinámicas delictivas.
Plantea también una reestructuración familiar supervisada, cuando el hogar haya sido un factor generador o desencadenante de la conducta delictiva. Prevé que toda medida incorpore acciones de reconstrucción comunitaria, a través de procesos restaurativos, actividades formativas y participación en espacios seguros que fortalezcan la convivencia.
En el artículo 57 de la norma, propone incorporar la fracción VII para la provisión, en coordinación con el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, de vivienda temporal digna para adolescentes que carezcan de hogar seguro o cuando la familia sea un factor de riesgo, a fin de garantizar su reintegración integral.
Entre los datos manejados por Rangel en la iniciativa, destacan los de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP 2021, INEGI), que consigna que el 74% de los adolescentes en conflicto con la ley vivieron violencia física o emocional en su infancia, el 61% provino de hogares con grave desintegración familiar, el 52% abandonó la escuela antes de los 15 años, y el 38% sufrió desplazamiento, abandono o expulsión del hogar.
“Estos datos confirman que muchos adolescentes no llegan al sistema por ‘malos’, sino porque el sistema social y estatal les falló primero. Como se ha dicho con razón, la cadena se rompe por el eslabón más débil, y las adolescencias vulneradas representan ese punto de quiebre donde se acumulan desigualdades, omisiones y violencias estructurales”, sostiene.
Agrega también que la evidencia muestra que la pobreza, la violencia familiar y la ausencia de espacios seguros son factores directamente vinculados a la participación de adolescentes en conductas delictivas. Consigna que la UNICEF en 2022 reportaba que 7 de cada 10 adolescentes en sistemas de justicia juvenil en México provienen de hogares con pobreza extrema o moderada, y que más del 40% vivía en entornos donde existía presencia cotidiana del crimen organizado.
Consigna que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del INEGI, revela que más del 30% de adolescentes procesados no pudo regresar a su hogar tras la imposición o conclusión de una medida, ya sea por violencia, riesgo, abandono o falta de vivienda, por lo que subraya que estas condiciones no sólo obstaculizan su reintegración, sino que incrementan significativamente la probabilidad de reincidencia.
En ese sentido abunda que estudios de la UNICEF señalan que los adolescentes que regresan a entornos violentos tienen un 58% más de riesgo de reincidir.
“No se puede exigir cumplimiento de medidas si no se garantiza seguridad, estabilidad emocional y acceso a educación. Y no se puede hablar de justicia restaurativa cuando el Estado no ofrece alternativas reales. Por ello, resulta indispensable incorporar al Código la vivienda temporal digna, segura y supervisada, como un recurso de protección y reinserción”, recalca.