En Michoacán debemos de reconocer que por décadas no hemos estado bien. Nuestro estado no solamente ha sido nota nacional por la violencia y el crimen organizado, sino también por el despilfarro y la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. Los michoacanos hemos sido testigos de una entidad en la que ha prevalecido el desorden, la opacidad y las malas gestiones administrativas.
La irresponsabilidad con la que los gobernadores en turno han endeudado el estado –incluyendo a Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa–, son quizá el ejemplo más claro de la inmoralidad pública. La deuda que llegó a superar los 18 mil 100 millones de pesos, una de las más grandes de México, no se logra justificar ni en lo técnico, ni en lo administrativo.
Los empréstitos que se contrataron bajo el pretexto de construir obra pública, en los hechos no existen o su calidad se encuentra en entredicho. El desvío de recursos de programas sociales hacia otros fines o cuentas personales ha involucrado a todas las autoridades y a sus amigos.
No podemos dejar de mencionar la inmoralidad de los privilegios económicos y prebendas políticas otorgadas al magisterio. Prerrogativas que se han presentado bajo la modalidad de contubernios que han contribuido a la banca rota y, peor aún,que la educación del estado se coloque como una de las peores a nivel nacional.
La red de corruptelas, de tráfico de influencias y opacidad ha sido una constante enquistada en la administración pública estatal y municipal. Por desgracia, nuestra entidad ha estado plagada de autoridades que se coluden con delincuentes; basta recordar los vínculos del hermano del exgobernador Leonel Godoy con el narcotráfico, quien resta mencionar, utilizaba diversos recursos administrativos y la influencia que tenía en la Casa de Gobierno para proteger a los delincuentes.
El anterior no es el único caso, el actuar de Fausto Vallejo Figueroa es una demostración de la impunidad. Los escándalos que implican a su hijo Rodrigo, con evidencias grabadas en video de su vinculación con organizaciones criminales, significan la pérdida de cualquier moral pública. Hoy, la impunidad llega a tal grado que se pasean tranquilamente por la entidad y hasta se atreven a dar declaraciones sobre el buen comportamiento público.
La racionalidad administrativa parece no hacer eco en ningún gobernante. De nueva cuenta el gobernador Silvano Aureoles Conejo muestra su actitud despilfarradora y frívola al firmar contratos de arrendamiento con empresas privadas para el uso de tres helicópteros, por un monto superior a los 18 millones de pesos al mes; que sirven para pasear a Belinda y al Buki. Un gasto superfluo en un momento que se requiere de un mayor compromiso con la austeridad y con las demandas más sensibles de la sociedad.
Es preciso hacernos la siguiente pregunta ¿qué tienen en común todos estos fenómenos que involucran actos de corrupción? La respuesta es muy sencilla de contestar y para el infortunio de los michoacanos, consiste en que ninguno, o casi ninguno de ellos, están sancionado conforme a derecho, o sea permanecen en la impunidad.
Esta es una pequeña evidencia de cómo la corrupción, el tráfico de influencias y el contubernio ha sido el pan de todos los días en las administraciones michoacanas a nivel estatal y municipal. Es por ello,que debemos empezar a preguntarnos ¿Y para cuándo el combate a la corrupción en Michoacán? ¿Cuándo serán castigados los responsables? y ¿Hasta cuándo la corrupción seguirá matando a nuestro estado?
Son preguntas difíciles de contestar, más aún, cuando la corrupción presenta patrones casi idénticos, independientemente del gobernante en turno; el verdadero cambio en este tema comienza en la casa de cada uno de nosotros. Sin duda, Michoacán no puede ser ajeno a la discusión nacional sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, sobre todas las cosas, es momento de que se comiencen a instrumentar acciones contundentes para erradicar al que creo es el binomio que más nos ha dañado: la corrupción y la impunidad.
Por lo pronto, el gobernador Silvano Aureoles sigue teniendo una deuda pendiente, al día de hoy lamentablemente no ha podido hacer realidad su promesa de campaña de emprender en Michoacán “Un nuevo comienzo”. A seis meses de haber tomado protesta como gobernador, se le presenta una oportunidad inigualable de meter a la cárcel a todos aquellos que tanto han hecho daño a Michoacán o, contrario a lo anterior, simplemente dejar que las cosas continúen tal y como están.
Hasta el momento no ha pasado nada, los responsables siguen gozando de impunidad, sin embargo, aún le queda mucho tiempo para reivindicarse y cumplirle a todos los michoacanos; no se puede gobernar con saliva 6 años.
Como postre
A propósito de la inseguridad, ingobernabilidad y violencia que vive el estado de Michoacán, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó senda solicitud al Gobernador Silvano Aureoles, a efecto de que informe a diputados federales y senadores sobre la situación que guarda la entidad en la materia y en el Congreso Local nadie dice nada. Me pregunto ¿a los diputados locales les pagamos los michoacanos o cobran en la Casa de Gobierno?