Académico advierte sobre los riesgos en la propuesta de ley de pueblos indígenas, destacando inconsistencias que podrían limitar sus derechos.
Morelia, Michoacán.- La propuesta de Ley General para reglamentar el artículo segundo de la Constitución en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas presenta diversas inconsistencias jurídicas y operativas que podrían limitar, en lugar de fortalecer, el ejercicio de sus derechos, consideró el profesor investigador del Colegio de San Luis, Francisco López Bárcenas.
El especialista señaló que el proceso de consulta impulsado por el Gobierno federal no se realiza sobre una iniciativa de ley formal, sino sobre un documento de trabajo que eventualmente podría convertirse en una propuesta legislativa, situación que, desde su perspectiva, pone en duda el verdadero alcance del mecanismo.
Indicó que uno de los principales problemas radica en la consulta misma, ya que el Gobierno plantea recorrer 16 mil 728 comunidades en apenas 37 días, lo que implicaría atender alrededor de 452 localidades diariamente.
“En 37 días se proponen visitar 16 mil 728 comunidades, 452 por día, lo que requeriría un gran equipo de especialistas con capacidad de explicar un documento técnico con 453 artículos, lo que se antoja muy difícil de lograr”, expuso.
El académico también cuestionó diversos aspectos del contenido de la propuesta, entre ellos las disposiciones relacionadas con el patrimonio cultural indígena, pues afirmó que se condiciona su protección a la inscripción en un catálogo administrado por el Estado y deja en manos de la Secretaría de Cultura la autorización para su explotación comercial.
Asimismo, advirtió que la iniciativa modificaría los criterios para realizar consultas a los pueblos indígenas, al establecer que únicamente procederían cuando existan “impactos significativos”, determinación que recaería en la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
López Bárcenas sostuvo que, en conjunto, el documento refleja una intención de regular la autonomía indígena bajo criterios gubernamentales más que garantizar plenamente los derechos ya reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.