El sacrificio de perros en Técamac entre 2019 y 2024 provoca indignación, una activista exige destitución de senadora Mariela Gutiérrez Escalante tras admitir la orden.
Ciudad de México.-La activista Zyanya Polastri ha exigido la destitución de Mariela Gutiérrez Escalante, senadora, tras admitir la orden de sacrificar más de 10 mil perros en Técamac, Estado de México, entre 2019 y 2024. Durante una conferencia de prensa, Polastri solicitó a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores, que se tome acción inmediata para que Gutiérrez enfrente la justicia.
A través de su cuenta oficial en ‘X’, Polastri compartió el documento enviado a Castillo, argumentando que “alguien que puede ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería estar decidiendo el rumbo del país”.
documento destaca que la magnitud del hecho va más allá de cualquier discusión técnica o administrativa. “Diez mil vidas no son una cifra. Son diez mil historias interrumpidas. Diez mil seres sintientes que experimentaron miedo, dolor y abandono”, afirmó Polastri, subrayando el impacto social de la confesión de la senadora.
La activista instó a la presidenta de la Mesa Directiva a iniciar un proceso de responsabilidad contra la legisladora, enfatizando que no es aceptable que alguien con tales criterios sobre la vida ocupe un cargo legislativo de alto nivel. La carta también señala que el Senado no debe ser un “refugio de quienes generan este nivel de rechazo social”.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la apertura de una carpeta de investigación tras el reconocimiento de la senadora, basándose en un video difundido en redes sociales donde se ve a Mariela Gutiérrez Escalante ordenando el sacrificio de los perros en situación de calle durante su mandato como presidenta municipal de Técamac.
La investigación de la FGJEM se lleva a cabo conforme al artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona la muerte de cualquier animal que no sea considerado plaga. Según la Fiscalía, la conducta podría agravarse debido a la intención de servidores públicos encargados del manejo de animales, como lo estipula el artículo 235 Ter del mismo código. De confirmarse los hechos, los responsables podrían enfrentar una sentencia de hasta 6 años de prisión.