La titular de la dependencia, Fátima Chávez habría utilizado la investidura del alcalde para obligar a una extrabajadora a firmar su renuncia
Morelia, Michoacán. – El alcalde Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Paola Delgadillo, estaban al tanto de los actos sistemáticos de violencia dirigidos hacia Mónica Sánchez Estrada, quien previamente ocupó el cargo de jefa de Orquestas Infantiles bajo la dirección de la Secretaría de Cultura de Morelia. Pero además, la titular de Cultura, Fátima Chávez Alcaráz habría utilizado la investidura del alcalde para obligar a la extrabajadora a firmar su renuncia.
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Mediante mensajes de texto en plataformas de redes sociales, tanto el alcalde como la presidenta, junto con una narración detallada de los hechos proporcionada por Mónica en un documento con sello de recibido en la presidencia municipal el 29 de junio pasado, se evidencia que la afectada habría expuesto el trato abusivo que sufrió. Esto comenzó con Marisa Barbosa Serrato, directora de la Unidad de Vinculación Musical, y continuó con Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría.
Mónica describe “tratos discriminatorios, ofensivos y groseros”, así como “acoso laboral” ejercido de manera constante por parte de Barbosa Serrato, su superior directa, durante un período de un año y medio. A pesar de tener un conocimiento directo y completo de la situación, Fátima Chávez no asumió ninguna responsabilidad en el caso.
La narración de los hechos también detalla la reacción de Chávez Alcaraz al descubrir que Mónica había presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para poner fin al trato violento de Barbosa Serrato.
La denunciante afirma que Chávez la acusó de “traición”. Según el relato, en medio de una tensa discusión, Chávez Alcaraz sacó un documento de su cajón que contenía la supuesta renuncia de Mónica, afirmando que estaba obligada a firmarla debido a presuntas órdenes del presidente Alfonso Martínez. Chávez Alcaraz argumentó que en su administración no se toleraba la expresión de opiniones o quejas, y que tales asuntos no eran bien vistos por el presidente. La denunciante relata que se encontraba sola en su problema y que no tenía otra opción más que firmar su renuncia.
El documento adjunta evidencia en forma de comprobantes médicos de diversas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, así como documentos de la psicoterapeuta de Mónica, que registran los impactos “físicos, emocionales y mentales” que habría experimentado debido al presunto acoso laboral.
Cabe apuntar que además de presentar la queja ante la CEDH, Mónica Sánchez interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, alegando haber sido privada ilegalmente de su libertad por Marisa Barbosa, la secretaria técnica de la dependencia, Elizabeth Chávez González, y otras dos mujeres que no se identificaron.
Este incidente habría ocurrido como último recurso para forzar a Mónica a firmar su renuncia, después de haber sido eliminada de los grupos de trabajo en la plataforma WhatsApp.
El director del Sistema DIF en Morelia, Juan Manuel Álvarez Lucio, expresó en una entrevista desconocer el tema y cualquier denuncia al respecto, a pesar de que Mónica había alertado al DIF sobre la situación a finales de junio de este año.
En cuanto al alcalde, el tema podría considerarse como una cuestión política, en vista del crecimiento de su carrera pública, según su propia percepción.
