foto: Sindicato SEMAC/Twitter

De no obtener un incremento de por lo menos un 25 por ciento en su esquema salarial, los agremiados al Sindicato de Empleados Municipales Administrativos y Conexos de Morelia (SEMACM) procederán a establecerse en huelga a partir del próximo 16 de octubre.

foto: Raúl Tinoco
foto: Raúl Tinoco

A partir de los amagues emitidos por parte de dicho gremio, el secretario de Administración Municipal, Yankel Benítez Silva precisó que la corriente sindical se respaldó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal para sustentar su emplazamiento a huelga, de manera que el paro de labores en el municipio se realizaría en total apego a la ley.

El funcionario dijo que la notificación del emplazamiento a huelga se hizo llegar al Ayuntamiento desde el pasado 23 de septiembre, por lo que a partir de esa fecha el municipio se vio obligado a responder a las negociaciones solicitadas por el sindicato mayoritario de la administración que comanda Alfonso Martínez Alcázar.

En la revisión del contrato colectivo de trabajo que se exige, destacan dos puntos: establecer un incremento de hasta el 25 por ciento en salarios, y la aclaración de al menos 300 plazas que se habrían cedido en la presente administración sin justificación alguna.

Ante las peticiones, Benítez Silva detalló que de las 300 plazas referías, 260 fueron distribuidas en la Policía Michoacán Unidad Morelia; mientras que con relación al posible incremento de salarios, evitó entrar en detalles, en tanto no se generen los acuerdos correspondientes.

La resolución, dijo, se generará una vez que el Congreso de Michoacán evalúe totalmente la Ley de Ingresos correspondiente a 2017 que el municipio entregó desde hace un mes, para con base en ello, se establezcan las condiciones de egresos que tendrá el Ayuntamiento durante el próximo ejercicio fiscal.

Ante este escenario, el dirigente del SEMACM, Jorge Alfredo Molina Bazán ha condenado en repetidas ocasiones que a partir de la reingeniería aplicada en la administración municipal, el gobierno de Martínez Alcázar habría entregado al menos 300 plazas laborales de manera irregular.


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