Tres un álgido debate, la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, aprueba la “ley antideuda”, misma que no aplicará para ayuntamientos.
Morelia, Michoacán.- Tras una intensa discusión en el Pleno, este jueves la LXXVI Legislatura local, aprobó la llamada “ley antideuda” en Michoacán, la cual no aplicará a los ayuntamientos michoacanos.
Se trata de una reforma a la Constitución Política del Estado promovida por el Ejecutivo Estatal, para establecer el impedimento a los gobierno para contratar deuda pública de largo plazo, más allá de su periodo. Durante la discusión en el Pleno, las objeciones giraron en torno a la intención que habría de incluir a los ayuntamientos en la medida.
La reforma fue aprobada por mayoría, con 33 votos a favor. Sólo el legislador de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, quien al hacer uso de la palabra, argumentó que el dictamen, bajo el argumento de la prudencia financiera, limita el endeudamiento de estados y municipios a plazos que coinciden con los periodos de gobierno, privilegiando una lógica contable de corto plazo sobre una visión de planeación de largo aliento.
Consideró que la reforma privilegia una lógica contable de corto plazo sobre una visión de Estado con planeación de largo aliento.
“Aunque es legítimo evitar deudas impagables, muchos proyectos estratégicos —como infraestructura hídrica, transporte masivo o sistemas de salud— requieren horizontes de financiamiento que superan los ciclos políticos, por lo que imponer plazos tan cortos termina obstaculizando el desarrollo”.
El priista Guillermo Valencia apuntó que la redacción del dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales era ambigua, dejando margen a interpretaciones que podían afectar a los ayuntamientos, por lo adelantó que plantearía una reserva para adecuar el contenido de la propuesta de decreto.
La legisladora de Morena, Belinda Iturbide, auguró que la reforma es un cambio cultural en la forma de gobernar, al promover que cada administración se limite a gastar únicamente los recursos de su propio periodo, evitando endeudar al estado y beneficiar a los bancos con intereses.
A su vez el morenista Juan Pablo Celis, molesto por las dudas y cuestionamientos expresados por Antonio Carreño en su intervención, así como por el comentario de Guillermo Valencia sobre la ambigüedad en la redacción del decreto, optó por el ataque político, acusando que el PRI y Movimiento Ciudadano defienden “el modelo de Silvano Aureoles, que permitía endeudar aun cuando no hubiera obra pública”.
En contrapartida, el coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre, optó por la cordura y no polarizar, al referir: “la mayoría estamos muy conscientes de que esta iniciativa le sirve a Michoacán y que lo que tendríamos que ver es cómo puede quedar de mejor forma”.
En respuesta a lo dicho por Juan Pablo Celis, Antonio Carreño recalcó que en Movimiento Ciudadano “no apoyamos ni estamos a favor del mal uso de las finanzas públicas. Pero no es así como se debe delimitar el problema, y mucho menos bajo un esquema ‘silvanista’, como lo comentó el compañero diputado. No es así, seamos claros: en ningún momento hemos impulsado ese modelo”.
Celis matizaría en una nueva intervención, manifestando que estaría a favor de la reserva, “pero no comparto los argumentos de que esto amarra o limita el desarrollo. Nosotros hemos demostrado en este gobierno que se puede atrever a soñar sin endeudarse, que se puede avanzar sin endeudar ni hipotecar el futuro”.
Guillermo Valencia rechazó ser defensor del modelo silvanista, “si alguien fue crítico del gobierno de Silvano Aureoles fui yo, y ahí constan en los medios de comunicación mis posiciones políticas al respecto. Y si hablamos de un modelo de Silvano Aureoles, en realidad es el mismo que se siguió en gobiernos anteriores, como los de Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel: un modelo que endeudó a nuestro estado”.
La morenista Sandra Garibay, a su vez, salió en defensa del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, asegurando que “ha demostrado que se puede hacer mucha infraestructura sin endeudar al estado”.
A su vez el petista Reyes Galindo Pedraza calificó la reforma como un tema “de justicia social intergeneracional y de cumplimiento de un compromiso ético con el pueblo de Michoacán”, “cerramos filas contra el endeudamiento irresponsable del Estado y abrimos la mano generosa a la infraestructura y a las obras públicas de desarrollo que impulsen los municipios”.
Otro petista que hizo uso de la palabra fue Baltazar Gaona García, quien dijo que es muy fácil ir al banco, pedir recursos “y empeñar el futuro de las y los ciudadanos para pagar intereses y enriquecer a los banqueros. Lo difícil es administrar con inteligencia, generar estrategias y obtener resultados en beneficio de Michoacán”.
La coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Analís, presentó la reserva al artículo 44, fracción 12, del segundo párrafo del dictamen a nombre del bloque oficialista, para corregir la redacción y que la reforma solo aplique para el gobierno del estado, no para los municipales.
Al final, la reserva fue aprobada por unanimidad por los legisladores presentes en la sesión.