Aumentan en 63.4 % las inscripciones al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
Incremento del 63.4% en inscripciones al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en Michoacán. | Foto: Poder Judicial de Michoacán

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en Michoacán experimenta un aumento del 63.4%, fortaleciendo la protección de derechos infantiles.

Morelia, Michoacán.- El Poder Judicial de Michoacán registró un incremento del 63.4 por ciento en las inscripciones al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias desde el inicio de la nueva administración, de acuerdo con los informes presentados ante el Órgano de Administración Judicial durante la sesión ordinaria.

Los datos indican que del 14 de enero al 14 de septiembre de 2025 los juzgados del estado registraron 413 personas deudoras alimentarias. En contraste, del 15 de septiembre de 2025 (fecha en la que entró en funciones el Nuevo Poder Judicial) al 23 de junio de 2026, se incorporaron 675 nuevos registros, lo que representa un aumento de 262 casos, es decir un alza de 63.4 por ciento.

Con estas cifras, Michoacán se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en cumplimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con 1,025 registros vigentes, resultado que refleja el fortalecimiento de los mecanismos institucionales orientados a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos.

Durante la sesión, las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial tomaron conocimiento de estos avances, que forman parte de las acciones emprendidas para fortalecer el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, afirmaron que en el Poder Judicial de Michoacán se trabaja en reforzar la impartición y administración de la justicia con enfoque de derechos humanos, y ejemplo de ello es que alrededor de 500 personas juzgadoras y personal jurisdiccional participan actualmente en el curso “Perspectiva de Género y Prevención de las Violencias en el Ámbito Institucional”, orientado a incorporar herramientas que contribuyan a una actuación jurisdiccional más sensible, inclusiva y libre de discriminación.