Con 328 votos a favor se alcanzó la mayoría calificada para reformar 8 artículos de la Constitución
Ciudad de México.- Se aprobó en la Cámara de Diputados la figura de revocación de mandato para el presidente de la república y nuevos mecanismos para realizar consultas populares en el país, esto en medio de desacuerdos y protestas entre morena y la oposición.
Con 328 votos a favor se alcanzó la mayoría calificada para reformar 8 artículos de la Constitución, entre ellos, 3 del PRI dieron su aval; Rubén Moreira, Martha Garay y Fernando de las Fuentes. En la oposición 153 diputados votaron en contra y 2 en abstención.
En medio de un ríspido debate y entre reclamos de la oposición que alerto riesgos de una reelección presidencial, mientras que Morena y sus aliados defendieron la propuesta bajo la premisa de empoderar a los ciudadanos, la reforma fue aprobada.
La reforma establece como un derecho y una obligación de los ciudadanos participar en las consultas y en el proceso de revocación de mandato del presidente de la República para que los ciudadanos decidan si se mantiene o se va del cargo.
La consulta de revocación de mandato podrá ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del mismo presidente de la República, el 33 por ciento de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso y por el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, más de 2 millones 700 mil personas con credencial para votar.
La consulta para votar sobre revocación de mandato se realizará el mismo día de la elección de diputados federales, es decir, a los tres años del Ejecutivo en el cargo.
Se establece que el resultado de la revocación será vinculante por la mayoría absoluta de los votos obtenidos, siempre y cuando acuda a votar el 44 por ciento de los registrados en la lista nominal de electores. El INE será el responsable de organizar y desarrollar la consulta, así como el cómputo.
En cuanto a la consulta popular, se plantea reducir de 2 a 1 por ciento el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que podrán solicitar la realización de la consulta popular, es decir, más de 800 mil personas con credencial, además del presidente de la república y el 33 por ciento de los legisladores de cada cámara del Congreso.
Su resultado será vinculante cuando la participación total sea del 34 por ciento de los inscritos en la lista nominal y no 40 %, como está actualmente.
No podrá ser objeto de consulta; las bases y las tasas impositivas, los montos de financiamiento público, el presupuesto de la federación. Además de lo que ya se establece como los asuntos en materia de derechos humanos, electoral y de Seguridad Nacional.
El Instituto Nacional Electoral será el responsable de su realización y de verificar que los ciudadanos que la soliciten estén inscritos en la lista nominal.