El bloqueo en redes sociales por parte de un diputado a una periodista es denunciado ante la CEDH Michoacán por violar derechos de información y expresión.
Morelia, Michoacán.- La periodista Grecia Ponce Orrego presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra el diputado local adherido al denominado Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, al considerar que el legislador vulneró derechos fundamentales al bloquearla de su cuenta oficial de Facebook utilizada para difundir actividades públicas.
De acuerdo con el acta de comparecencia levantada ante la Visitaduría Regional de Uruapan de la CEDH, la comunicadora sostuvo que el bloqueo ocurrió después de compartir y comentar una publicación del legislador.
En el documento, Ponce Orrego señala que el 7 de mayo compartió una publicación en la que Bautista Tafolla ofrecía una disculpa pública a medios de comunicación por expresiones realizadas previamente, aunque al mismo tiempo informaba sobre una denuncia formal contra periodistas.
“Yo lo compartí comentando que se disculpaba con una mano y con la otra presentó una denuncia penal, por lo que ese mismo día fui objeto de un bloqueo en su perfil oficial de Facebook, de manera ilegal”, expuso en la queja.
La periodista argumentó que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios respecto al uso de redes sociales por parte de servidores públicos cuando éstas son utilizadas para informar sobre actos de gobierno o actividades oficiales.
“Carlos Alejandro Bautista Tafolla, violenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que los servidores públicos no pueden bloquear a ciudadanos en cuentas de redes sociales que utilicen para difundir sus actividades oficiales. Al usar Facebook para informar sobre su trabajo, el perfil del diputado se considera un canal de comunicación pública, no uno privado. Compartir su contenido (incluso para criticar o cuestionar) es parte del derecho ciudadano a vigilar el desempeño de sus gobernantes. El diputado al bloquearme está violando mi derecho a la información pública y a la libertad de expresión Pero no sólo en mi agravio, sino en el de las personas que se han venido informando”, dijo.
En la comparecencia asentada por la CEDH, Ponce Orrego recordó que “en México, un diputado no puede bloquearte de su Facebook, Twitter (X) u otras redes sociales si utiliza su cuenta para difundir actividades oficiales”.
Insistió en que la SCJN ha determinado que esa conducta afecta derechos fundamentales porque “viola tu derecho a la libertad de expresión y a la información”.
La periodista explicó además que, al utilizar Facebook para difundir su actividad pública, la cuenta del diputado deja de ser un espacio privado para convertirse en un canal de comunicación institucional al que la ciudadanía debe tener acceso.
“Mi queja en contra del diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla es porque al bloquearme está violentando mi derecho a la información pública y a la libre expresión”, señaló en el documento.
Ponce Orrego sostuvo que la afectación no sólo recae sobre ella como usuaria de la red social, sino también sobre las personas que consultan la información que comparte en su ejercicio periodístico.
“Lo más grave es que está violando los derechos de la ciudadanía a la información pública, a la cual yo le he venido informando durante los últimos 40 años”, manifestó.
La queja se presenta semanas después de la controversia generada por el legislador, quien durante un evento de promoción del Movimiento del Sombrero utilizó bienes muebles propiedad del Congreso del Estado.
En ese mismo acto, el diputado emitió expresiones contra periodistas que posteriormente fueron rechazadas por integrantes del gremio en Michoacán.
Tras los posicionamientos públicos de reporteros y comunicadores, Bautista Tafolla ofreció una disculpa pública, pero posteriormente, evitó conceder entrevistas a diversos medios de comunicación que buscaban conocer su postura sobre la polémica.
Ahora, el caso fue llevado ante la CEDH, donde la periodista sostiene que el bloqueo constituye una restricción indebida al acceso a información pública y al ejercicio de la libertad de expresión en plataformas digitales utilizadas por funcionarios para comunicar sus actividades oficiales.