El 30 de abril sesionaría la Comisión de Gobernación y podría revisar el documento del juicio político contra Silvano Aureoles Conejo
Morelia, Michoacán.- Sería el día jueves 30 de abril cuando -posiblemente-, la Comisión de Gobernación del Congreso de Michoacán, se reúna para entre otras cosas, revisar el juicio político contra Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, mismo que interpusieron distintos Consejos Comunales.
El Colegio de Abogados Indígenas, consideró que el decreto de aislamiento obligatorio, que por la pandemia mundial de Covid-19 anunció el mandatario michoacano, viola los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos que tienen residencia en la entidad, además de que señalan, es anticonstitucional.
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Al respecto la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Gobernación, refirió que una vez que sea turnado a la comisión que preside, se deberá revisar si el documento de juicio político está debidamente fundamentado y si es así, se pasará al pleno de la LXXIV Legislatura para que sea votado por los diputados michoacanos.
“No dudo que si está debidamente fundamentado y conforme a derecho (…) ya se votará por los diputados. Yo creo que en ese tema (…) en general y lo he planteado, tenemos que ser prudentes y solidarios y evitar aspavientos entre los diferentes niveles y actores de gobierno, lo que mas se necesita es solidaridad y muchas donaciones de todos los que puedan hacerlo”.
Para contexto de nuestros lectores, ayer previo a las sesiones del Congreso de Michoacán, diversos Consejos Comunales y el Colegio de Abogados Indígenas, representados por el abogado David Romero Robles, se apersonaron en el recinto legislativo para entregar el juicio político en contra del gobernador de la entidad.
Romero Robles, comentó además que el juicio político que interponen, no es sinónimo de que las comunidades indígenas de Michoacán no acaten las recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud, entre estas y la más importante, el quedarse en casa -en medida de sus posibilidades- si no tienen una actividad esencial.
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En tanto, la diputada Cristina Portillo Ayala, citó los puntos que se deben tomar en cuenta para que un juicio político esté debidamente fundamentado; entre ellos, que los actos u omisiones de los servidores públicos sean en perjuicio del interés público, que violen los derechos humanos de manera sistemática, que violen la Constitución o las leyes que de ella emanen, o que violenten los planes y programas y presupuestos que regulan el manejo de los recursos públicos.
Aclaró además que aunque hay una gran posibilidad de que sea el próximo jueves la reunión de la Comisión de Gobernación, podría no realizarse ese día. “No está nada definido todavía”.