La Cámara de Diputados debatió ayer por más de ocho horas el nuevo andamiaje para combatir la corrupción en México, con mayoriteo del PRI, se aprobó sin cambios la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece la obligación de empresarios y servidores públicos de presentar su declaración patrimonial pero no así para las declaraciones de funcionarios públicos.
Los priístas, así como la bancada del Partido Verde, con 209 votos a favor y 228 en contra impidieron admitir reservas al Artículo 29 sobre la iniciativa de Ley 3 de 3, que hubiera obstaculizado la máxima publicidad en las declaraciones de los funcionarios públicos, ello pese a la insistencia de la bancada del Partido Acción Nacional.
Es decir, esa misma mayoría validó que los funcionarios públicos no estén obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses, si ello afecta su vida privada o los datos personales.
La votación de los diputados michoacanos sobre el artículo 29 y que para muchos legisladores era la posibilidad de estar a favor de la verdadera transparencia es la siguiente:
Partido Revolucionario Institucional: En contra de la transparencia, Víctor Manuel Silva Tejeda, Marco Polo Aguirre Chávez, Alfredo Anaya Orozco, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela y Salomón Rosales Reyes.
Partido Verde: Rosa Alicia Álvarez Piñones, ausente o abstención; Omar Noé Bernardino Vargas, en contra y Daniela de los Santos Torres, a favor
Partido Acción Nacional: A favor los dos legisladores; Marko Antonio Cortés Mendoza y José Antonio Salas Valencia.
Partido de la Revolución Democrática: todos los legisladores michoacanos del sol azteca votaron a favor: Ángel Alanís Pedraza, Fidel Calderón Torreblanca, José Guadalupe Hernández Alcalá, Erik Juárez Blanquet, Norberto Martínez Soto, Araceli Saucedo Reyes y María Concepción Valdés Ramírez.
Nueva Alianza: La única diputada michoacana de esta bancada, Angélica Reyes Ávila votó en contra
En la discusión del paquete legal del Sistema Nacional Anticorrupción –que se turnó al Ejecutivo–, las bancadas de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron, por separado, distintas reservas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para insistir en que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial, fiscal y de interés.
Hay un grito de hartazgo social, que no quiere políticos que roben, se paseen cínicamente por las calles o se vayan a otros países
, afirmó el panista Herminio Corral. No obstante, las propuestas fueron desechadas en una cerrada votación de 209 votos en favor de la oposición y 228 de la alianza encabezada por el tricolor.
Mientras, en la discusión del artículo 32 de la norma, la diputada Guadalupe Murguía (PAN), quien preside la comisión especial que indaga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló: “esta reforma es improcedente, porque regula a los servidores públicos, no a las personas físicas y morales. La redacción es tan ambigua que cualquier trabajador en lo general tendría que presentar sus declaraciones: directivos, albañiles, personal de limpieza, subcontratistas, electricistas, becarios, adultos mayores, universitarios del servicio social…”, argumentó. Tal como quedó, advirtió, puede ser impugnada.
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