La ley antideuda en Michoacán podría frenar el desarrollo; Alfonso Martínez cuestiona su impacto en la inversión pública.
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, cuestionó la recién aprobada ley antideuda en Michoacán al advertir que una prohibición absoluta para contratar financiamiento podría frenar proyectos de infraestructura que sí generan desarrollo.
Entrevistado este miércoles, si bien reconoció la intención de evitar endeudamientos irresponsables, sostuvo que el debate no puede reducirse a cerrar la puerta a cualquier crédito público.
“La esencia o la iniciativa tiene una intención positiva”, señaló, pero matizó que debe analizarse su impacto real en la capacidad de inversión de los gobiernos.
Recordó que en 2013 y 2014 presentó una iniciativa para que la deuda pública solo pudiera contratarse para obra que generara desarrollo y no para gasto corriente.
Esa condición, explicó, fue parte del acuerdo para reestructurar la deuda estatal heredada en 2011, que calificó como exorbitante y utilizada para gasto corriente.
Detalló que en ese momento Michoacán enfrentaba tasas de interés elevadas por su mala calificación crediticia, lo que implicaba costos millonarios adicionales por cada mil millones de pesos contratados.
“No se podía contratar deuda para gasto corriente, tendría que ser para alguna obra que pudiera sacar adelante”, insistió.
En ese contexto, defendió que el acceso al crédito puede ser una herramienta legítima cuando se destina a infraestructura estratégica.
Puso como ejemplo la solicitud que realizó para una planta tratadora, proyecto que,dijo, no podría concretarse sin financiamiento.
“Habrá proyectos en Michoacán que puedan representar esa necesidad o esas características y si no tienes acceso a contratar una deuda, pues no se podrían hacer”, advirtió.
Martínez Alcázar subrayó que el análisis debe distinguir entre deuda irresponsable y financiamiento productivo, y planteó que el debate no debe cerrarse bajo una lógica punitiva generalizada.
Aunque dijo respetar la intención de no comprometer a futuras administraciones, insistió en que la discusión debe centrarse en reglas claras y en el destino de los recursos, no en la prohibición total.
La ley antideuda, recién aprobada, abre así un nuevo frente de debate entre la disciplina financiera y la capacidad de inversión pública, en un estado que arrastra antecedentes de endeudamiento cuestionado.