En una investigación de gabinete, el periodista Benjamín Álvarez (Contramuro) detectó otro posible caso de corrupción durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo. Se trata de un curso de capacitación sobre protección a funcionarios, dirigido a 170 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comandada por Israel Patrón Reyes (04/11/21).
El curso costó más de 21 millones de pesos y fue contratado con el Instituto Nacional para la Formación en Seguridad A.C., conforme a los términos pactados en el contrato CADPE-EM-LPE-136/2019-1, que ganó la licitación pública por ser la única propuesta recibida por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), en diciembre de 2019.
La apoderada legal de la empresa, signante del contrato, es Beatriz Acevedo Rivera, quien refirió como nombre comercial de aquella el Grupo Infos, https://grupoinfos.com.mx
Aparte del escandaloso y millonario monto por la capacitación, en el que el costo por elemento fue de 123 mil 529 pesos, el periodista pone el acento en que el domicilio consignado por la empresa es una simple y modesta casa habitación en la Ciudad de México, sin identificación exterior. Asimismo, destaca que, luego de solicitar algunas cotizaciones, encontró que un curso similar para ese número de personas tendría un costo real de casi 3.5 millones de pesos. A ver qué puede encontrar el actual titular de la SSP, José Alfredo Ortega Reyes, acerca de ese contrato.
¿Son los gobernadores corresponsables de las corruptelas de sus colaboradores?
A propósito de corrupción, el pasado 27 de octubre el periodista Carlos Alberto Monge Montaño (Post Data) abordó -como varios más- la trama Odebrecht, al conocerse más sobornos dados por la mega constructora brasileña a funcionarios de las administraciones estatales perredistas encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, ahora incrustados en la maquinaria oficial de Morena.
Al respecto, Carlos Monge no duda en señalar, con ese caso de muestra, que los gobiernos del ahora coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador y del ahora diputado federal fueron “majaderamente corruptos”.
Aunque el texto refiere específicamente el caso Odebrecht y la presa Francisco J. Múgica, la tarea será ir recuperando la memoria colectiva y poner sobre la mesa el historial de casos que han ofendido a la sociedad michoacana por el saqueo y abuso contra el erario.
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Y una pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿pueden o deben sentirse libres de responsabilidad aquellos gobernadores que designaron a colaboradores que atentaron contra las arcas públicas, en detrimento de los programas o acciones gubernamentales encaminadas a la población? Tal vez jurídicamente puedan argumentar que no y que, en todo caso, únicamente pueden ser responsabilizados de sus propios actos, pero ¿moral o éticamente pueden en verdad desentenderse de lo hecho por la gente que nombraron en su gobierno? Ahí está, sólo por citar un ejemplo, el triste asunto del exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas Desiderio Camacho Garibo -padre de la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas-, en el periodo 2008-2012 (Sergio Lemus, IDI MEDIA, 27/07/2020).
Finalmente, la cuestión es si el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla contará con mecanismos específicos de control para vigilar el manejo de recursos por parte de quienes ha designado al frente de todo el aparato gubernamental o también se lavará las manos ante eventuales irregularidades en que incurran sus funcionarios.
Cuestionada, la designación de integrante del CPC
La segunda Comisión de Selección, encargada de nombrar Carlos Alberto Gamiño García como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción Michoacán, fue constituida a propuesta de la anterior Legislatura local, la LXXIV, compuesta entre otras por la diputada morenista Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Gobernación que, junto a la de Justicia, presentó el dictamen respectivo, según el comunicado oficial del 02 de septiembre, número 247/2021,
Resulta que Gamiño García fue asesor de Portillo Ayala, es decir, fue servidor público dentro del Poder Legislativo, tal como lo contempla el artículo 3º de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. Desde ahí, formó parte de una legislatura que tuvo injerencia directa en la configuración de la actual Comisión de Selección que recién nombró a Gamiño García miembro del CPC, por lo tanto, es válida la pregunta respecto a si hay o no conflicto de interés.
Al respecto, la propia expresidenta del CPC, Elvia Higuera Pérez, declaró a la periodista Dalia Villegas que la composición del CPC debería ser esencialmente ciudadana, además de cuestionar -entre otras cosas- que dos de los integrantes de la Comisión de Selección fueran cónyuges entre sí y alguno que otro elemento no contara con antecedentes de combate a la corrupción.
Lamentablemente, parece que los intereses político-partidistas terminaron de apropiarse de un espacio que, en teoría, debería estar libre de la repartición de cuotas partidistas. Triste, aunque también haya integrantes de la Comisión cuya reputación esté fuera de toda duda. ¿Habrá alguien que impugne la determinación?
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