Grecia Quiroz enfrenta una denuncia por presunta omisión patrimonial, en medio de tensiones políticas con el Congreso de Michoacán.
Morelia, Michoacán.- En medio de la confrontación política que mantiene con el Congreso de Michoacán por la reforma electoral y las movilizaciones de la denominada sombreriza, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, enfrenta ahora una denuncia por presunta responsabilidad administrativa relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales como servidora pública.
El recurso fue presentado por el ciudadano Fernando Miguel Martínez García ante el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo y quedó formalmente recibido este viernes, de acuerdo con el sello oficial estampado en el documento.
La denuncia señala posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses, un requisito obligatorio para todos los servidores públicos.
En el escrito, el promovente solicita que se investiguen los hechos y se determine si existe alguna falta administrativa atribuible a la presidenta municipal de Uruapan.
El documento invoca el derecho de cualquier ciudadano a denunciar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos y fundamenta la petición en diversas disposiciones de la legislación estatal en la materia.
La denuncia surge en un momento de alta exposición política para la alcaldesa uruapense, quien en las últimas semanas se ha colocado al frentre de la oposición a la reforma electoral impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso local.
Quiroz García se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento de presidentes municipales e independientes inconformes con las nuevas reglas electorales aprobadas por la mayoría legislativa, particularmente las relacionadas con las candidaturas independientes.
La tensión escaló luego de las protestas registradas la semana pasada en el Congreso del Estado, donde manifestantes irrumpieron en el recinto legislativo durante la discusión de la reforma. Tras esos hechos, diputados locales responsabilizaron políticamente a integrantes del movimiento y anunciaron medidas para restringir el acceso al Palacio Legislativo a funcionarios vinculados con las movilizaciones.
Hasta el momento, la alcaldesa no ha emitido una postura pública respecto de esta denuncia, cuyo trámite corresponderá analizar al Órgano Interno de Control para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento formal.