Las denuncias por extorsión en Michoacán suben un 50%, según la FGE, debido al aumento en la cultura de la denuncia.
Morelia, Michoacán.- Las denuncias por el delito de extorsión en Michoacán registran un incremento cercano al 50 por ciento durante el último año, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), que atribuyó este aumento no necesariamente a una mayor incidencia delictiva, sino a que cada vez más víctimas deciden acudir ante las autoridades.
Durante la rueda de prensa semanal, el encargado del despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez, explicó que el delito de extorsión continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades de procuración de justicia, aunque destacó que la cultura de la denuncia ha permitido abrir más investigaciones y obtener mejores resultados.
“Sí tenemos un incremento importante en las denuncias; sin embargo, eso también obedece a que la gente está denunciando más”, señaló.
El funcionario sostuvo que anteriormente muchas víctimas preferían guardar silencio por miedo a represalias o por desconfianza hacia las autoridades, situación que poco a poco comienza a revertirse.
Denunciar permite actuar
Vega Rodríguez indicó que las investigaciones recientes demuestran que cuando las víctimas presentan una denuncia de manera inmediata es posible implementar operativos para detener a los responsables antes de que consumen el delito.
Como ejemplo citó la reciente captura de dos presuntos integrantes de una red de “montadeudas” en Uruapan, quienes fueron detenidos cuando acudían a cobrar más de 10 millones de pesos que exigían a un empresario aguacatero.
“Lo importante es que denuncien. Si conocemos los hechos podemos intervenir oportunamente”, afirmó.
Fortalecen campañas preventivas
El encargado del despacho informó que la Fiscalía mantiene campañas permanentes para orientar a empresarios y ciudadanía sobre cómo identificar llamadas de extorsión, amenazas y otras modalidades utilizadas por grupos criminales.
Asimismo, reiteró que el combate a este delito continuará siendo una prioridad institucional debido al impacto económico y social que genera en las víctimas.