El desplazamiento forzado en Apatzingán afecta a 225 personas, denunciando la omisión gubernamental ante la violencia persistente.
Ciudad de México.- El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y Organizaciones Acompañantes denunció que al menos 225 personas permanecen desplazadas de las comunidades de Cueramatillo, Cueramato y El Guayabo, en el municipio de Apatzingán, y acusó a los tres órdenes de gobierno de no activar de manera efectiva los mecanismos institucionales existentes para atender la emergencia.
En un pronunciamiento público, las organizaciones advirtieron que las familias desplazadas continúan enfrentando falta de atención, mientras persisten las condiciones de violencia que provocaron su salida de las comunidades.
“Las personas en condición de desplazamiento forzado interno encuentran falta de atención a sus riesgos y necesidades por los distintos órdenes de gobierno, a pesar de la existencia de reglamentos y protocolos especializados en Michoacán”, señalaron.
El colectivo recordó que el desplazamiento comenzó el pasado 19 de junio, luego de enfrentamientos entre grupos delictivos que disputan el control territorial en esa región de Tierra Caliente.
Indicó que la cifra inicial de 106 personas desplazadas, reportada por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, aumentó a por lo menos 225 víctimas tras la actualización realizada con testimonios directos de las familias afectadas.
“En la Actualización publicada la noche del miércoles 24, tras levantar testimonios de personas desplazadas internas (PDI) en un punto de reunión seguro, esta cifra ascendió a al menos 225 víctimas de esta grave violación a sus derechos humanos”, insistieron.
Las organizaciones señalaron que la violencia en la zona se ha intensificado por el uso de armamento de alto poder y artefactos explosivos improvisados.
Afirmaron que el ataque registrado el 19 de junio, cuando explotó una mina terrestre al paso de un vehículo que transportaba trabajadores agrícolas, marcó el inicio de una nueva escalada de violencia.
También cuestionaron que, pese a la existencia del Protocolo de Atención a Emergencias de Desplazamiento Forzado en Michoacán y del reglamento municipal vigente en Apatzingán desde 2023, las autoridades no hayan aplicado plenamente esos instrumentos.
“Persisten los patrones de negación, desatención y retorno de poblaciones sin condiciones objetivas de seguridad, ni construcción de soluciones duraderas”, reiteraron.
El pronunciamiento recordó que Cueramato ya había registrado un desplazamiento masivo el pasado 5 de mayo.
Expuso que, diez días después, autoridades estatales y municipales promovieron el regreso de los habitantes sin que existieran condiciones de seguridad, situación que, señalaron, quedó evidenciada cuando una nueva mina explosiva causó la muerte de dos trabajadores agrícolas.
Las organizaciones afirmaron que estos hechos muestran la necesidad de contar con una legislación nacional específica sobre desplazamiento forzado interno.
Además, solicitaron al Gobierno de Michoacán y al Gobierno Federal instalar una mesa de trabajo con representación de las víctimas para construir mecanismos de protección y definir criterios claros para eventuales retornos.
También pidieron al Congreso de la Unión aprobar una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Finalmente, el colectivo sostuvo que la respuesta institucional debe ir más allá de la reacción inmediata ante las emergencias.
“Recalcamos, que no bastan los instrumentos legales especializados, cuando no se concretan en acciones de gobierno estatales con partidas presupuestales suficientes, funcionarios públicos especializados ni rutas de atención institucional claras y sistemáticas”, concluyeron.