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Ciudad de México.- Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos Electorales (Fepade) fue destituido de su cargo en la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que “trasgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, expresa la dependencia, sin precisar el asunto.

El ex titular de la Fepade declaró el pasado miércoles que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo había presionado para que, a través de una carta, declarara públicamente su inocencia en el caso del presunto desvío de recursos en favor del PRI en las elecciones del 2012. Incluso señaló que se le exigió ofreciera una disculpa.

El ahora ex funcionario de la PGR señaló en una entrevista al periódico Reforma que dicha carta “refleja en gran medida la impunidad”, sin embargo, el abogado de Lozoya rechazó la declaración de Santiago Nieto, y aclaró que la carta sí fue enviada, pero no se solicitaba “impunidad”, sino que se trató de una aclaración, o en su caso, una solicitud de citatorio para aclarar las imputaciones de la fiscalía

El abogado de Lozoya negó la afirmación de Nieto y aseguró que sí envió una carta, pero en la cual no se pedía impunidad, sino una aclaración, o que lo citaran para aclarar imputaciones de la Fiscalía.

Tras ello, la PGR realizó la destitución a través del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la institución y su reglamento.

“La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”, expresó la dependencia federal a través de un comunicado.

En agosto de este año, la FEPADE inició la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 contra de Lozoya Austin, por el presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales de 2012 con supuestos recursos de procedencia ilícita, los cuales se presume provenían de los sobornos de Odebrecht.

En aquella ocasión, la autoridad ministerial aseguró que citaría a declarar al ex director de Pemex, sin que hasta la fecha se haya concretado su comparecencia.